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Daniel Ortega propone adelantar las elecciones presidenciales en Nicaragua

Daniel Ortega ha ofrecido adelantar las elecciones presidenciales a 2019 en un intento de aplacar la rebelión popular de 56 días, convertida hoy en un baño de sangre. La propuesta se concretó este fin de semana tras la reunión que el viernes pasado mantuvieron con el primer mandatario los obispos nicaragüenses, quienes ofician como mediadores y testigos en la Mesa de Diálogo Nacional.

La encargada de transmitir la solución ideada desde el poder sandinista fue la embajadora de EEUU, Laura Dogu, quien contó este fin de semana con la asistencia de Caleb McCarry, enviado del senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Se da la circunstancia de que en abril Corker viajó a Caracas y se entrevistó con Nicolás Maduro, fiel aliado de Managua, para conseguir la liberación de Joshua Holt, el misionero mormón acusado de espionaje. La noticia fue filtrada a la opinión pública a través del líder campesino Medardo Mairena y recogida por el periodista Carlos Fernando Chamorro.

"Ortega está proponiendo adelantar las elecciones cuando nosotros estamos pidiendo su renuncia", acotó Mairena, que forma parte del grupo de la sociedad civil, quien junto a los estudiantes y a los empresarios se sientan frente al gobierno en la Mesa del Diálogo Nacional.

"El grito de la gente es que se vaya", le espetó monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, al presidente durante la reunión del viernes pasado, planteada ante la escalada de un conflicto que crece cada día y en un intento de buscar una salida al oscuro callejón al que la represión gubernamental ha conducido al país. Hasta ahora, la propuesta de democratización de la Conferencia Episcopal obtuvo como respuesta "más represión de Daniel Ortega", denunció el obispo Juan Abelardo Mata.

Los obispos incluyeron en su agenda, además del adelanto electoral, una ley de transición, el restablecimiento del estado de derecho y una reforma electoral para que no se repitan las elecciones de 2016, sin condiciones democráticas, con partidos ilegalizados, candidatos inhabilitados y un Consejo Nacional Electoral controlado por el sandinismo. Más muertos que en VenezuelaLa cifra de muertes violentas se ha disparado de tal forma que en 56 días ha sobrepasado con creces a los asesinados durante las protestas de Venezuela del año pasado.

En el país sudamericano mataron a 134 personas durante cuatro meses de rebelión popular contra Maduro, según las investigaciones del Foro Penal. En el país centroamericano hasta ayer se contabilizaban más de 140 fallecidos, sumando los datos aportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), más los reportes periodísticos de las últimas horas.

La propia CIDH ha denunciado cómo la represión oficialista, hasta ahora en manos de policías, turbas paramilitares y de la Juventud Sandinista, con la participación incluso de francotiradores, ha ampliado sus prácticas, en las que incluyen secuestros e incendios de medios de comunicación. También están investigando el uso de pesticidas contra la población. "Parece que hay una nueva frontera de la represión instalada en el país", denunció Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.

Los paralelismos entre los conflictos nicaragüense y venezolano son evidentes más allá de que se trate de dos revoluciones aliadas, la bolivariana y la sandinista, cuyas cúpulas de poder están unidos por vigorosos cordones umbilicales. Hasta la bandera del país sudamericano se ondea entre los opositores al clan de los Ortega.

También las barricadas y los trancones en calles y carreteras han proliferado, lo que ha extremado la violencia. Masaya y Chinandega, otrora zonas profundamente sandinistas, repiten hoy los combates que parecían exclusivos de los territorios más opositores en Venezuela.

El recrudecimiento de las batallas callejeras ha forzado a la CIDH a aumentar su listado de personas con medidas de protección. Los últimos incluidos son el padre Edwin Romany, sacerdote de Masaya, y el activista Álvaro Leyva, secretario de la Asociación Nicaragüense ProDerechos Humanos.

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