La Procuraduría Especializada Antilavado de Barahona presenta acusación contra ocho personas y una empresa de dirigir red del narcotráfico que movió RD$ mil 200 millones y cerca de US$100 mil
BARAHONA.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Barahona, presentaron acusación contra de una red criminal de narcotráfico y lavado de activos, liderada por ocho personas y una empresa metalúrgica, desmantelada a principios del mes de julio del año pasado.
La estructura criminal movió en el sistema financiero nacional RD$ 1,221 millones 436 mil 64.41 y US$ 96 mil 665.41.
Los acusados, algunos de ellos presos, fueron identificados como José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi), Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferreras Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz y Ruz Esther Matos (Bolola), además de la persona jurídica, Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL, quienes operaban desde Barahona en un complejo esquema de lavado de activos, a través del tráfico internacional de drogas.
Los acusados, fueron arrestados en una operación de interdicción, el 10 de julio de 2023, ocupando 245 paquetes, con un peso exacto de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada.
Además, a esta red, se le vincula con el decomiso el seis de septiembre de 2013, en el municipio de Juancho, provincia Pedernales, de 14 pacas con 446 paquetes y el tres de agosto de 2018, con la incautación de 285 paquetes de cocaína clorhidratada, en la playa Caletón, provincia Barahona.
La red criminal fue acusada por violación a las disposiciones de los artículos 4 letras D, 5 letra A, 35 literal D, 58 literal A y C, párrafo, 60, 75 párrafo II, 85 letra B y C de la Ley No. 50-88 sobre drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3 literal A, B y C, artículos 18 y 21 literal A y B, de la ley 72-02 sobre lavado de activos proveniente del narco tráfico y otras infracciones graves; así como los artículos tres numerales 1, 2 y 3, artículo 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17, contra el lavado de activo y financiamiento al terrorismo.
La acusación presentada esta semana por ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, revela que los acusados se dedicaban desde hace años al trasiego de drogas y no pueden justificar los bienes inmuebles y muebles adquiridos.
Según la acusación del Ministerio Público de Barahona, los movimientos económicos de los acusados Yoan Moisés Ferreras Báez, quien lidera las cifras con entradas de (RD$830 millones 448 mil 82.71, además de entradas en dólares por US$ 61 mil 155.41).
El acusado José Augusto Romero Cedeño, registró ingresos por RD$116 millones 123 mil 019.66; además de ingresos en dólares de US$34 mil 223.52.
La acusada Ruz Esther Matos, también ha sido investigada, y se le atribuyen ingresos por RD$1 millón 376 mil 700.00; mientras que la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta De Metales del Sur Replacovemesur SRL, que también se destaca como instrumento de la organización criminal con movimientos financieros que revelan ingresos por RD$ 35 millones 29 mil 826.76.
El Ministerio Público de Barahona recordó que Cledyn Pérez Féliz fue condenado el 15 de agosto de 2019, por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Barahona, a 15 años de reclusión y al pago de una multa de RD$200 millones; sin embargo, se encontraba en libertad otorgada por el juez de la ejecución de la pena de la jurisdicción.
El equipo de fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, Titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Wellington Matos, procurador fiscal titular de la Fiscalía de Barahona, confirmaron la individualización de cada imputado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación, así como la relación entre cada uno de ellos.
Establecieron en la investigación, que se realizó una pesquisa apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecido y que al final del proceso concluirá con una sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes.
El caso fue investigado por los fiscales Pedro Medina Quezada y Manuel Santiago Castro Lora, procuradores generales de Corte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.