La Fundación Justicia y Transparencia anuncia que someterá a la justicia a los funcionarios que han alquilado edificios por miles de millones de pesos; advierte que violan la Constitución
Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), anunció el inicio de una campaña ciudadana a nivel nacional, en procura de concientizar a la población, para que participe de manera activa en los procesos de recuperación de los bienes públicos, como resultado de los escándalos que se han conocido en los medios de comunicación, producto de la inversiones millonarias, irracionales y desproporcionadas que están realizando funcionarios, en alquileres de locales y equipos en violación a lo establecido en el literal (d) del numeral 2, del artículo 128 de la Constitución.
Afirmó que esos alquileres, además, vulneran los principios de eficiencia, eficacia, planificación y economía establecidos en los artículos 138 y 238 de la Carta Magna.
La FJT, consideró que la población debe ocuparse, preocuparse y, estar vigilante por la forma en que funcionarios públicos están derrochando miles de millones de pesos en contratos de alquileres, que abarcan varios períodos de gobierno.
Calificó la acción de contraproducente, porque la inversión de miles de millones de pesos en alquileres, ocurre, mientras el gobierno solicita más sacrificios al pueblo, en términos de impuestos.
“Es increíble e inaudito, observar las sumas astronómicas, que algunos funcionarios gastan en alquileres, montos que bien deberían ser utilizados para la compra de los mismos inmuebles”, manifestó la institución sin fines de lucro.
El vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, pidió a los ciudadanos dominicanos hacer acopio de lo establecido en el artículo 75.12 de la Constitución.
“Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”, establece el artículo 75.12 de la Carta Magna.
La Ley de leyes, además, pide ejercer el derecho fundamental, a participar en la fiscalización y control de los fondos públicos, según lo establece el artículo 246 de la norma Suprema.
La organización cívica, manifestó que en atención del deber y el derecho fundamental hay que velar por el patrimonio público, por lo que informó que perseguirá judicialmente, la anulación de los contratos alquileres de locales y equipos que involucra decenas de miles de millones de pesos.
Calzado Reyes advirtió que actuará contra la OGTIC, Dirección General de Pasaportes, Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), INTRANT, las EDES, entre otras.
Manifestó que esos alquileres aparentan ser solo la punta del Iceberg.
Informó que la OGTIC, alquiló cinco pisos de un edificio por RD$1,400 millones, una suma casi igual al costo del inmueble completo, que es de 16 niveles.
El 11 de abril del 2022, la Ogtic alquilo los cinco pisos del edificio, por RD$1,400 millones 406 mil 577.14.
La FIJ menció, también, el caso de las ambulancias, donde el presidente Luis Abinader, en julio del 2022, entregó 30 unidades al Servicio Nacional de Salud (SNS) para manejo de las Emergencias Extrahospitalarias, con una inversión de RD$160 millones, para un costo aproximado de RDS6,000.000.00 millones cada ambulancia.
Explicó que si el Gobierno compraba 143 ambulancias, estaría pagando aproximadamente RD$800 millones, lo que significa que aun si se compraran, resultaría más económico que alquilándolas.