En dos sentencias diferentes, Primer Tribunal Colegiado del DN condena a 40 años de cárcel, dos hombres, que asesinaron, en hechos distintos, a sus exparejas en la Capital
SANTO DOMINGO.- El primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó, en sentencias separadas, a dos hombres, a 40 años de cárcel, por el asesinato de sus parejas sentimentales, en hechos ocurridos en el sector de Villas Agrícolas y Ciudad Nueva, Distrito Nacional.
José Rafael García Hernández (Papo) fue condenado por la muerte a puñaladas y cuchilladas, de Raisa Guzmán (Andreina), en un hecho ocurrido el 9 de junio de 2024, en el sector Villas Agrícolas.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dispusieron que Papo cumpla la sentencia en el centro penitenciario de La Victoria, por homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que sancionan el porte ilegal de armas blancas.
El Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes John Suncar y Carolin Junesca de Oleo, logró incorporar pruebas testimoniales, periciales y materiales que demostraron que el procesado cometió el crimen tras una discusión sostenida días antes con la víctima.
El arma blanca utilizada fue adquirida previamente por el agresor con el propósito deliberado de quitarle la vida a su expareja.
De acuerdo con la investigación de la procuradora fiscal Vidalis Mora Díaz, adscrita al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), Papo citó a Andreina a su lugar de trabajo, el colmado Willy Súper Fría, donde le ofreció bebidas alcohólicas hasta que se percató de que estaba en estado de embriaguez.
Acto seguido, pidió a los clientes presentes que se retiraran, apagó las luces, desconectó las cámaras de seguridad y atacó a Andreina Guzmán con el arma blanca, ocasionándole múltiples heridas mortales, según consta en el acta de levantamiento del cadáver No. 85628, emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Tras cometer el crimen, García Hernández llamó insistentemente al propietario del colmado, Wilis Gabriel Ventura Hernández, a quien confesó lo sucedido y le sugirió deshacerse del cuerpo.
En tanto que Edwin Gerónimo Mejía (Espaillat o el Cojito) fue sentenciado por cometer homicidio voluntario en perjuicio de su expareja Luisa Betances Fabián, en un hotel del sector Ciudad Nueva, en esta Capital.
El tribunal acogió la querella con constitución en actor civil presentada por los familiares de la víctima y condenó a Gerónimo Mejía al pago de cinco millones de pesos como indemnización por los daños morales, psicológicos y económicos ocasionados.
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal Carolin Junesca D’Oleo, presentó un robusto cuerpo probatorio compuesto por testimonios, videos y documentos, que permitió establecer la responsabilidad penal del acusado.
La investigación fue realizada por el fiscal Geivis Tapia, adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quien determinó que el crimen fue cometido durante la madrugada del 18 de agosto del 2024, cuando el acusado atacó a su expareja en la habitación donde ambos se encontraban alojados.
La víctima fue hallada con signos vitales y graves heridas, siendo trasladada al Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atención médica.
Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron tanto la llegada de la pareja como la posterior huida del acusado.
También, durante la investigación se evidenció que, tras cometer el hecho, el acusado respondió de forma agresiva una llamada recibida en el celular de la víctima, efectuada por su hermana María Magdalena Marte Fabián, lo que confirmó que aún tenía en su poder el dispositivo.
El tribunal, compuesto por las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, calificó el hecho como homicidio voluntario, conforme a los artículos 295 y 304, párrafo II del Código Penal Dominicano.
Las juezas ordenaron que el condenado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.