El PLD rechaza proyecto modifica Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Residuos Sólidos sea aprobado como fue enviado por Senado a Cámara de Diputados; el PLD hace propuestas
Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mostró oposición a que el proyecto de Ley de Residuos Sólidos sea aprobado en la Cámara de Diputados como fue enviado desde el Senado de la República y propone mejoras, que a su entender, beneficiará a la población.
El vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, informó que esa organización política ha apostado a una reforma que fortalezca el desarrollo local y la competitividad.
La organización política fijó su posición en torno al proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos.
Sánchez, miembro del Comité Político, dijo que el país necesita fortalecer su modelo de gestión integral de residuos sólidos, así como ampliar la inversión pública en los municipios y enfrentar el grave problema de la contaminación ambiental.
“Alertamos al país que este proyecto incluye aspectos que deben ser revisados y mejorados a favor del sector productivo nacional, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas”, declaró.
Advirtió que, a su vez, se plantean elementos que comprometen la institucionalidad democrática de la descentralización y reduce el rol municipal con una centralización del poder.
Sánchez, fue acompañado en una rueda de prensa en la casa nacional Reinaldo Pared Pérez, por el secretario general, Johnny Pujols; la vicepresidenta, Zoraima Cuello; los diputados Danilo Díaz. Idenia Doñé y Damaris Vásquez, así como Karen Ricardo, del Comité Político y los titulares de secretarías, Alfonso Ureña, de Medio Ambiente y Francis Jorge, asuntos municipales.
Informó que tal y como se ha aprobado, el proyecto eleva de manera desproporcionada las contribuciones que las empresas deben pagar por el manejo de sus residuos, sin haberse realizado el estudio que considere el tamaño, el rubro o la capacidad de innovación ambiental de las mismas, y así evitar que las nuevas tasas afecten la competitividad, incrementen los costos de producción y se traduzcan en mayores precios para el consumidor final.
El PLD propuso consensuar con los actores esa reforma antes de la aprobación final, permitiendo una revisión participativa donde se involucre el sector productivo, las municipalidades, los ambientalistas y la sociedad civil.
Propone, además, garantizar que la contribución empresarial sea proporcional, progresiva, basada en estudios y vinculada a metas ambientales claras y verificables, con base en estudios de generación de residuos y capacidad contributiva.
Busca, también, fortalecer el rol de los municipios y la transparencia en el uso de los fondos e incluir medidas de incentivo, no solo de penalización, que permitan una transición justa hacia modelos sostenibles.
Además, establecer mecanismos de fiscalización a los recursos gestionados a través de la fiducia e incluir al Ministerio de Hacienda en el Consejo del Fideicomiso, ya que esa entidad debe cuidar la sostenibilidad financiera del Estado en el mismo.
Gustavo Sánchez propuso que los contratos de gestión de residuos sólidos sean llevados a plazos razonables, para evitar vulnerar el principio de la libre competencia.