En LA Semanal, presidente Abinader destaca recuperación de RD$6 mil 500 millones del patrimonio público, mientras otros RD$130 mil millones están en curso; resalta lucha contra corrupción en su Gobierno
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader presentó los avances alcanzados para establecer un régimen de consecuencias en República Dominicana y llevar a la justicia a toda persona “con acciones que le comprometa con la corrupción, sin importar quien sea ni el momento que sea”.
El gobierno busca sancionar el incumplimiento de la transparencia en todos los órganos y entes públicos bajo el Poder Ejecutivo y registra, a la fecha, 287 casos de faltas administrativas remitidos al Ministerio de Administración Pública (MAP) y 49 casos de funcionarios públicos actuales llevados al Ministerio Público (MP).
El Gobierno, también ha recuperado RD$6 mil 500 millones del patrimonio público y hay más de RD$130 mil millones en casos en curso.
“Podemos decir que somos el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos”, destacó Abinader.
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
A través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, el gobierno promueve una gestión pública transparente, ética y orientada al bien común, que reconoce el derecho a saber del ciudadano y el deber de informar del gobierno.
Sin embargo, la directora de esa unidad, Milagros Ortiz Bosch, tuvo que acudir a la Procuraduría General de la República por la gran cantidad de expedientes sometidos y no le habían hecho caso.
El presidente Abinader dijo que 230 instituciones fueron evaluadas entre enero y marzo 2025, de las cuales 211 obtuvieron entre 85-100 puntos, demostrando un alto compromiso institucional con la transparencia.
Destaca que más de ocho mil servidores públicos han sido capacitados para prevenir malas prácticas en contrataciones públicas, sobornos y gestión de riesgo de corrupción.
Además, se ha desarrollado 96 matrices de riesgo para detectar posibles vulnerabilidades a la corrupción y se trabaja para fortalecer el sistema nacional de integridad pública con la asesoría de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
La DIGEIG realizó también el primer estudio sobre servidores electos, contactando a 195 instituciones de las cuales 139 respondieron, y de esas, 60 confirmaron tener servidores electos en los comicios municipales.
Entre 2020 y 2025 se enviaron 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública por abuso de poder, acoso o maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones.
Se remitieron 49 casos al Ministerio Público con un tiempo de respuesta promedio de 55 días, agilizando así los 90 días que se establecen en el manual.
En estos procesos ha sido clave el involucramiento ciudadano, cuyas denuncias han dado paso a muchas investigaciones, aunque no todas resultan en sanciones.
Unidad Antifraude
La Unidad Antifraude de la Contraloría General, fundamentada en la prevención y la investigación, realizó, entre 2021 y 2024, 368 colaboraciones con la Procuraduría General de la República, 31 acciones de prevención, 20 análisis financieros forenses y 72 análisis de denuncias.
Su éxito se debe a la robusta base de datos de la institución matriz y a la sinergia con demás órganos de control y persecución de la corrupción. Con el decreto 382-25 quedó formalizada como mecanismo preventivo técnico concebido para perdurar en el tiempo.