Adocco advierte a Ortiz Bosch que no se dejará amedrentar por amenaza someterlo a la justicia por difamación ante denuncia contra exministro Ángel Hernández adquirió propiedad a través de empresa oculta

Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), rechazó las amenazas de sometimiento a la justicia por supuesta difamación a su presidente, Julio César de la Rosa Tiburcio, por la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Boch.

Ortiz Bosch fue acusada por De la Rosa Tiburcio de haber incurrido en prevaricación al ordenar el archivo de la denuncia presentada por Adocco el dos de octubre del año 2023, contra el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández, por haber ocultado en su declaración jurada de patrimonio, presentada seis meses después de su designación, la existencia de una compañía de la comunidad conyugal, que adquirió un inmueble por 31 millones de pesos, estando en el cargo.

Adocco advirtió que no se dejará amedrentar por Ortiz Bosch, y que seguirá haciendo su labor de denuncias contra aquellos servidores públicos, que incurran en irregularidades, y que el propósito de acallarlos con la respuesta anunciada públicamente por la ex vicepresidenta bajo el título ¿Prevaricación o Difamación? No lo va a lograr.

“Esperaremos el sometimiento, con la misma responsabilidad con la que le acusamos de haber prevaricado, que por tratarse de una funcionaria de influencia en el gobierno del presidente Luis Abinader, anunciamos de inicio de gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en procura de una medida cautelar, que detenga cualquier despropósito del poder”, informó.

Dijo que ante el archivo de la denuncia por la Dirección General de Ética que dirige Ortiz Bosch, el primero de septiembre, Adocco sometió ante el PEPCA al ex ministro de Educación, Ángel Hernández, por omitir y ocultar en su declaración jurada de bienes el principal activo familiar, su empresa con fines de lucro, con mayor capital invertido.

La empresa, informó, es la Constructora Playa Morón, que no aparece en su declaración jurada de bienes, pero que fue registrada por Ángel Hernández, ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, el 31 de enero de 2022, mediante el número de registro 4754-2022. 

De la Rosa Tiburcio condenó que la empresa haya sido registrada siete meses antes de ser nombrado ministro de Educación,  el 17 de marzo de 2022.

Explicó que, la empresa fue formalmente constituida, con el Registro Nacional de Contribuyente No. 1-32-57050-2 y el Registro Mercantil No. 1827855D.

“La empresa Constructora Playa Morón tiene como propietarios a la esposa del ministro Ángel Hernández, la señora Miriam de Jesús Acosta Peralta y a su hija, la señora Alejandrina María Hernández Acosta, el 29 de septiembre de 2022, justamente un mes después de que Ángel Hernández ocupara el cargo de ministro de Educación”, dijo a través de un documento.

Denunció que, la empresa Constructora Morón realizó la compra de los terrenos o Inmueble identificado con el No. 414346065286, que tiene una superficie de 7 mil 854.74 metros cuadrados, matrícula 3000537349, ubicado en Las Terrenas, Samaná, por RD$ 31 millones 95 mil.

“Llama la atención que, al revisar el precio referencial de los terrenos de esa zona, el valor estimado de una propiedad como esa, es de más de US$ 4,000,000.00, igualmente, la propiedad no registra ningún gravamen, actualmente, por lo que se presume que la compra de la propiedad fue realizada en efectivo, sin embargo, al ver la declaración de ingresos del exministro y de su esposa, los ingresos que reportan no coinciden con una compra de una propiedad de ese valor”, advirtió.

De la Rosa Tiburcio, abogado de profesión, expresó que la omisión de la inclusión de esta empresa en la declaración jurada de bienes de Ángel Hernández, constituye una violación al artículo cinco y el ocho, acápite 04, de la Ley 311-14, por lo que el exfuncionario está obligado, por ley, a proveer una relación verídica de todos los activos y pasivos de su comunidad conyugal, lo que constituye automáticamente una violación de la Ley No. 155-17, que castiga el lavado de activos.

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