Gobierno y comerciantes chinos comienzan este lunes conversaciones sobre 11 establecimientos cerrados por Ministerio de Vivienda, Habitat y Edificaciones, afirman, de forma ilegal y sin competencia
Santo Domingo.- Las autoridades gubernamentales y empresarios chinos, comenzarán, a partir de este lunes, un proceso de diálogo, con el objetivo de llegar a un posible acuerdo y estos puedan abrir sus tiendas.
Los empresarios chinos tenían programado para este domingo un encuentro con la prensa, para denunciar como han sido afectados con el cierre de negocios, pero según el abogado, Salvador Catrain, fue aplazada para comenzar proceso de conversación.
Dijo que recibió una llamada de las autoridades competentes y que fue convocado junto a los empresarios chinos a una reunión este lunes a las 10:00 de la mañana por lo que decidió posponer la rueda de prensa.
“Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo que definitivamente garantice la posición que ha asumido el Ministerio de Vivienda, Hábitad y Edificaciones (MIVHED) y por el otro lado los derechos de las empresas china que representa”, dijo Salvador Catrain.
Exhortó que a partir de este lunes, permanezca atento, porque se estaría anunciando la solución o el tipo de solución que se pretende arribar con el conflicto y en su defecto expondrá su posición en defensa de los intereses de los empresarios chinos que representa.
“Nosotros representamos intereses, el diálogo, la conversación, los acuerdos consensuados son la mejor forma de arribar a una solución a este tipo de conflicto”, dijo el abogado.
Catrain no reveló con quién se reuniría este lunes, agradeció a los medios de comunicación su interés por el caso y se comprometió a informar a la opinión pública el curso de la reunión.
El pasado 26 de agosto y el ocho de septiembre, el MIVHED ordenó el cierre de la tienda SUPLAX, en el Distrito Nacional y otras en el interior del país, alegando una supuesta falta de licencia de construcción.
Posteriormente, esta medida fue extendida a nueve establecimientos adicionales de origen chino, sumando once comercios afectados.
“El MIVHED actuó de manera arbitraria y sin competencia, vulnerando derechos fundamentales de empresarios que operan conforme a la ley. Estas acciones carecen de sustento jurídico y afectan gravemente la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera en el país”, denunció el profesional del derecho.
El cierre de los establecimientos se ha evidenciado una falta de transparencia por parte del MIVHED y una persecución selectiva.
“Las tiendas, legalmente constituidas, cuentan con permisos municipales y medioambientales vigentes. Han operado durante más de un año, generando empleos directos e indirectos y contribuyendo significativamente al desarrollo económico y comercial de las comunidades donde están establecidas”, manifestó.
Expresó que el MIVHED actuó sin agotar el debido proceso administrativo y sin contar con la competencia legal para ordenar el cierre o la paralización de establecimientos ya edificados, establecidos y en funcionamiento, conforme a la normativa vigente.
En estos casos, dijo el abogado, la autoridad competente es el ayuntamiento correspondiente, que debe proceder a través del Juzgado de Paz, otorgando a las partes un plazo razonable para regularizar su situación o, en su defecto, dictar medidas proporcionales sustentadas en informes técnicos que determinen un riesgo real o una afectación al interés público.
Empleos en riesgos
Más de tres mil empleos se encuentran en riesgo debido a estos cierres, además de una importante contribución fiscal que el Estado dominicano está dejando de percibir.
Catrain denunció que lo más preocupante es el impacto sobre la población consumidora, ya que estos comercios son reconocidos por ofrecer productos a precios accesibles, beneficiando directamente a los hogares dominicanos y contribuyendo a la libre competencia del mercado.
Los representantes legales exhortaron al MIVHED y al Estado dominicano a abrir un proceso de diálogo constructivo, permitiendo que las tiendas afectadas puedan operar durante el proceso de cualquier tipo de corrección, otorgando un plazo razonable para su conclusión.
Dijo que de esa manera, se evitarían daños económicos innecesarios, pérdida de empleos y se fomentaría un clima de cooperación, legalidad y estabilidad empresarial.