El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional presenta a Canadá, Uruguay y Barbados, como los países menos corruptos y Venezuela, Nicaragua y Haití, como los más corruptos; RD ocupa lugar 37 de 100
Berlín.- Con una puntuación promedio de apenas 42 sobre 100, las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional publicado este martes.
Desde 2012, 12 de los 33 países de la región han empeorado considerablemente, mientras que solo República Dominicana, 37 y Guyana, 40, han registrado mejoras significativas.
Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad.
Durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México, 27; Brasil, 35 y Colombia, 37, fomentando la impunidad y las injusticias.
En la actualidad, Costa Rica, 56 y Uruguay, 73, las democracias más fuertes de América Latina y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado.
Mientras que países con instituciones fallidas y cooptadas, como Nicaragua, 14 y Haití, 16, continúan subsumidos en la corrupción y las redes criminales arraigadas.
En toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas.
En Perú, 30, la fiscalía está investigando presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios, que podrían haber resultado en la distribución de comidas contaminadas y en enfermedades infantiles.
En Argentina, 36, las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables.
La baja puntuación de Venezuela, 10, refleja años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición.
En el país millones de familias sobreviven con escasos alimentos, agua y electricidad.
En varios países, la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas.
En El Salvador, 32, las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno.
En Guyana, 40, el acoso y la intimidación a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil reducen la capacidad de la ciudadanía de proteger sus recursos naturales.
Luciana Torchiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, realizó algunas puntuaciones al respecto.
“Para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda; para ello es necesario proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y hacer cumplir la ley a través de un poder judicial fuerte e independiente. La lucha contra la corrupción también implica fortalecer la cooperación internacional para investigar y sancionar casos transnacionales y cerrar los vacíos legales que permiten que el dinero ilícito cruce fronteras”, destacó Torchiaro.
Conclusiones de la región
El IPC clasificó a 182 países y territorios en función de sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público con una escala de cero, mucha corrupción, a 100, muy baja corrupción.
• Los países con puntuaciones más altas en las Américas son Canadá, 75; Uruguay, 73 y Barbados, 68.
Estos se encuentran entre las democracias más sólidas de la región, pero su crecimiento limitado y sus retrocesos son preocupantes.
Venezuela, 10, Nicaragua, 14 y Haití, 16 vuelven a ser los tres países con las puntuaciones más bajas de la región, caracterizados por altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción estructural.
Estados Unidos, 64, profundizó su tendencia en descenso hasta alcanzar la puntuación más baja registrada.
Aunque todavía no se refleja el impacto de los acontecimientos de 2025, las medidas recientes, como atacar las voces independientes y socavar la independencia judicial, suscitan gran preocupación.
Más allá de las conclusiones del IPC, la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas, mientras que los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global.
Países como El Salvador, 32 y Ecuador, 33, están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas.
Las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno.