Abogados de Jean Alain Rodríguez, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Ángel Lockward y compartes solicitan al II Tribunal Colegiado DN declarar desacato a PGR en juicio de fondo por uso, prohibido, términos Medusa y Calamar
Santo Domingo.- Abogados de los implicados en los llamados operación Medusa y Calamar, solicitaron al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, apoderado de conocer el juicio de fondo, declarar desacato a la Procuraduría General de la República por usar esos términos, prohibidos por una sentencia del Tribunal Constitucional.
A través de un documento de prensa, los profesionales del derecho, explicaron que el desacato de la Procuraduría General de la República a la sentencia del Tribunal Constitucional que les ordenó el cese inmediato del uso de la denominación “Operación Medusa / Caso Medusa”, tanto en los tribunales como en los medios oficiales y públicos, y la consecuente no corrección de la acusación.
En el cao Medusa, el principal implicado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, mientras que el Calamar, entre otros, están judicializados, los ex ministros, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
También, Daniel de Jesús Caamaño, Marcial Reyes, Ramón David Hernández, Yahaira Brito, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver, Ángel Lockward, Aldo Gerbasí, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paola, Emir Fernández de Paula, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez y Agustín Mejía Ávila.
La solicitud de nulidad tiene como fundamento que la Procuraduría desacató y desobedeció la sentencia del Tribunal Constitucional TC-05-2022-0174, del 30 de abril de 2025, que les ordenó y obliga a retirar y corregir la acusación depositada conforme la normativa procesal penal y la orden constitucional.
“Por el contrario, colocándose por encima de la ley y los tribunales, mantienen por casi 10 meses intacta una acusación que contiene el término prohibido 12 mil 745 veces, repitiéndolo en cada una de sus páginas, pese a tratarse de una sentencia firme y de obligatorio cumplimiento”, expresaron los letrados en un documento de prensa.
Las defensas aclararon que la solicitud presentada no busca dilatar el juicio, sino todo lo contrario, ya que esta solicitud constituye parte de las más de 25 violaciones al debido proceso que han estado tratando de presentar por más de cinco años que tiene este proceso, contabilizados desde el impedimento de salida ilegal perpetrado el 25 de noviembre del 2020 por la misma Procuraduría.
Recordaron que durante este tiempo los Tribunales han destacado que el ciudadano Jean Alain Rodríguez y las demás partes, no han dilatado el proceso en su contra, lo que refuerza la necesidad de que cualquier desenlace de este caso se produzca con estricto apego a la Constitución y no bajo lógicas de exposición mediática.
Las defensas de los dos expedientes explicaron que el desacato de la Procuraduría constituye un asunto ya debatido y decidido en sede constitucional, donde se reconoció de manera definitiva que la violación afecta directamente la imparcialidad de los jueces llamados a conocer el juicio de fondo, así como la dignidad humana y la presunción de inocencia de las personas imputadas, razón por la cual se les ordenó el cese inmediato del uso del mote.
Las defensas recordaron que, ante la persistencia del desacato, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón Estévez Lavandier, durante su discurso de rendición de cuentas del pasado 23 de enero, insistió públicamente y en presencia de los representantes de la Procuraduría General de la República, la obligación de acatar la sentencia.
Dijeron que pese al llamado institucional, el desacato continúa.
“Este incumplimiento reiterado no solo representa un irrespeto institucional al máximo órgano de la jurisdicción constitucional, sino que compromete gravemente el debido proceso, la independencia judicial y la confianza ciudadana en la administración de justicia”, expresaron.