La empresa Edeeste denuncia que brigadas externas no autorizadas, reconectan de manera ilegal los servicios eléctricos suspendidos por irregularidades y falta de contrato en SPM
San Pedro de Macorís.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) denunció la operación de brigadas externas no autorizadas que se dedican a reconectar de manera ilegal servicios eléctricos previamente suspendidos por irregularidades y ausencia de contrato, en una práctica que atenta directamente contra la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
La denuncia surge tras una intervención realizada por técnicos de la Dirección de Gestión de Pérdidas, quienes sorprendieron a individuos que, a bordo de un vehículo rotulado como “VISBEPT SPM”, ejecutaban maniobras ilegales para restablecer el suministro eléctrico a una joyería y apartamentos que horas antes habían sido desmantelados por incumplimiento de las normativas vigentes.
Al notar la presencia de las brigadas de EDEESTE, los implicados emprendieron la huida antes de la llegada del equipo de seguridad, dejando en el lugar evidencias claras de la actividad ilícita, incluyendo medidores en condición irregular, equipos dados de baja, con deudas pendientes o previamente retirados.
La empresa enfatizó que mientras realiza esfuerzos sostenidos para reducir pérdidas, regularizar clientes y garantizar un servicio seguro y eficiente, grupos organizados operan al margen de la ley para revertir esas acciones, generando un círculo vicioso que debilita la gestión operativa, incrementa las pérdidas no técnicas y afecta a los usuarios que cumplen con sus obligaciones.
EDEESTE advirtió que esas prácticas ilegales no solo constituyen una violación a la Ley General de Electricidad, sino que representan un alto riesgo para la infraestructura eléctrica y la seguridad ciudadana, ya que pueden provocar sobrecargas en transformadores, cortocircuitos e incendios debido a manipulaciones realizadas por personal no certificado.
Edeeste alertó que la reincidencia de esas acciones, sumada a la falta de sanciones efectivas, fomenta la expansión de redes dedicadas al fraude eléctrico, desincentiva la cultura de pago y expone constantemente al personal técnico a situaciones de riesgo durante las intervenciones en campo.