Fuerza del Pueblo acusa al PRM de utilizar leyes especiales para flexibilizar controles en contrataciones de grandes proyectos de infraestructura pública; denuncia en RD opera régimen paralelo de contratación
Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de utilizar leyes especiales para flexibilizar los controles en la contratación de grandes proyectos de infraestructura pública, creando un modelo que, afirmó, ha convertido “la excepción en regla” dentro del sistema de contrataciones del Estado.
La posición oficial fue presentada durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura por el secretario de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo, ingeniero Mariano Germán, quien denunció que en el país opera un “régimen paralelo de contratación” que desplaza los mecanismos ordinarios de fiscalización y transparencia establecidos en la legislación dominicana.
“El país está frente a una peligrosa práctica donde la excepción se convierte en regla”, expresó Mariano Germán, tras advertir que las modificaciones legales impulsadas por el oficialismo han permitido crear mecanismos de contratación cada vez más flexibles para proyectos de alto impacto político y económico.
Afirmó que mientras el Gobierno promueve una Ley de Contrataciones Públicas con mayores estándares institucionales, controles electrónicos y exigencias administrativas para los procesos ordinarios, paralelamente impulsa leyes transitorias y especiales que debilitan esos mismos controles cuando se trata de obras millonarias.
Mariano Germán recordó que República Dominicana construyó durante años un sistema de contrataciones públicas basado en principios de transparencia, publicidad, competencia, eficiencia administrativa y control del gasto público, elementos que fortalecieron el régimen institucional de supervisión de las inversiones estatales.
Sin embargo, sostuvo que durante los últimos años comenzaron a consolidarse mecanismos especiales que terminaron creando vías excepcionales para ejecutar grandes proyectos fuera del esquema ordinario de control.
El secretario de Obras Públicas de la FP explicó que originalmente las leyes especiales surgieron para destrabar obras paralizadas por situaciones excepcionales derivadas de la pandemia y del aumento de costos en proyectos previamente adjudicados.
No obstante, afirmó que posteriormente esos mecanismos fueron ampliados para incorporar nuevas obras viales, proyectos habitacionales, infraestructuras hidráulicas y otras construcciones de elevado impacto fiscal.
“El problema ya no es una excepción temporal. El problema es la expansión progresiva de un mecanismo extraordinario que ahora se utiliza como práctica recurrente del Estado”, expresó.
Germán denunció que la incorporación continua de proyectos estratégicos a regímenes especiales reduce la trazabilidad de los contratos públicos, limita la transparencia y debilita la confianza ciudadana sobre el uso de los recursos estatales.
“Cada vez que la ley general se convierte en un obstáculo para determinados intereses políticos y económicos, entonces se fabrica una nueva excepción”, manifestó.
El dirigente opositor afirmó que las modificaciones legislativas han ido extendiendo el alcance y la duración de esos regímenes especiales, permitiendo que obras inicialmente concebidas bajo condiciones excepcionales continúen ejecutándose durante años fuera de los controles ordinarios establecidos por la Ley de Contrataciones Públicas.
Otro aspecto cuestionado por Germán fue la nueva iniciativa legislativa dirigida a incorporar más proyectos de infraestructura vial dentro de esas disposiciones especiales.
“El objetivo de estas modificaciones es claro; acogerse a un régimen más flexible y menos riguroso en materia de controles y rendición de cuentas”, expresó Germán.
Aseguró que este modelo termina desplazando el control ciudadano y debilitando principios fundamentales como la igualdad entre oferentes, la publicidad y la libre competencia en las contrataciones públicas.
También criticó que el Congreso Nacional sea utilizado para validar incrementos presupuestarios y modificaciones contractuales derivados de obras adjudicadas originalmente con deficiencias de planificación, presupuestos insuficientes o estudios técnicos incompletos.
“La práctica ha sido siempre la misma: se contrata una obra con presupuesto insuficiente, luego se paraliza, se producen aumentos, se supera el límite permitido y finalmente se acude al Congreso para aprobar una nueva ley especial”, afirmó.
El dirigente político insistió en que la posición de la Fuerza del Pueblo no busca paralizar obras ni impedir el desarrollo de infraestructura pública, sino garantizar el uso racional de los recursos del Estado y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
“La transparencia no es un obstáculo para el desarrollo. La transparencia es la garantía de que el desarrollo se haga respetando la ley, la eficiencia y el patrimonio público”, precisó Mariano Germán.