El PLD expresa consternación por la muerte del joven Darlin Emmanuel en sector de Herrera por parte del cabo PN, Moreta Heredia; critica Gobierno gaste más RD$8 mil 389 millones en reforma policial y las cosas siguen peor

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su profunda consternación por la muerte del joven Darlin Emmanuel Mercado Reyes, ocurrida el  pasado viernes, durante un procedimiento policial en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste.

“Extendemos nuestra solidaridad a sus familiares y seres queridos, junto a toda la comunidad, quienes hoy enfrentan un dolor que ninguna familia dominicana debería vivir”, expresó el PLD a través de varios de sus altos dirigentes.

La ex candidata vicepresidencial del PLD, Soraima Cuello, explicó que imágenes que circulan públicamente muestran que dos jóvenes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional para la verificación de los documentos de una motocicleta.

Dijo que en el video, se observa que el conductor reconoce que no tenía toda la documentación en regla e, incluso, manifiesta que los agentes podían retener la motocicleta conforme al procedimiento correspondiente.

Sin embargo, la situación escala a un forcejeo y, en medio de ese incidente, el acompañante —quien interviene para separar a las partes— recibe un disparo que posteriormente le provoca la muerte.

“Estos hechos exigen una investigación independiente y transparente, y el establecimiento de todas las responsabilidades que correspondan conforme a la ley”, expresó Cuello quien habló a nombre de los demás dirigentes miembros del Comité Político y Central.

Sostuvo que en un Estado de derecho, los procedimientos policiales existen precisamente para evitar el uso desproporcionado de la fuerza.

Destacó que la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece los principios que rigen la actuación de los agentes, legalidad, necesidad y proporcionalidad.

“Ante una infracción administrativa, como la falta de documentos de un vehículo, la respuesta debe ser la aplicación del procedimiento establecido por la ley; nunca una actuación que termine con la pérdida de una vida humana. La misión de la Policía Nacional es proteger a los ciudadanos, preservar el orden público y hacer cumplir la ley dentro de los límites que la propia ley establece”, insistió Cuello.

Este no es un hecho aislado

En septiembre de 2025, el PLD advirtió públicamente sobre el patrón creciente de muertes por intervención policial: solo en el primer semestre de aquel año.

El seguimiento periodístico registró 82 casos de muertes en presuntos intercambios de disparos.

Recordó que propuso medidas concretas, como las  investigaciones independientes bajo el Protocolo de Minnesota, uso obligatorio de cámaras corporales, publicación del parte técnico de cada caso en 72 horas, un tablero público mensual de uso de la fuerza y el fortalecimiento de Asuntos Internos con independencia operacional.

Expresó que diez meses después, el país sigue lamentando tragedias que pudieron y debieron evitarse, pero que de acuerdo a medios de comunicación, al día de hoy van 147 muertes a manos de la policía

“Entre 2024 y 2025, el Estado dominicano destinó RD$8,389 millones a la reforma policial. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué resultados ha producido esa inversión. No podemos seguir llamando reforma policial a un proceso que, en la práctica, ha priorizado la adquisición de equipos, uniformes y cambios administrativos, mientras deja en un segundo plano la selección correcta de los agentes, la formación humana y profesional de los miembros de las entidades de orden público. La verdadera reforma debe comenzar por la capacitación permanente en el manejo de crisis, el control emocional y la salud mental, la mediación de conflictos y el uso proporcional de la fuerza, junto a la ruptura de la estructura existente comprometida con los viejos métodos de represión. Un policía que no sabe controlar una situación de tensión representa un peligro para la ciudadanía y también para la credibilidad de la propia institución”, expresó el PLD.

Dijo que cuando los hechos evidencian que una política pública no está funcionando como debería, alguien tiene que responder políticamente por ello; no porque sea culpable penalmente; sino, porque esa es, precisamente, la esencia del servicio público.

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