La abogada Laura Acosta afirma Gonzalo Castillo goza de sus derechos civiles y políticos en total plenitud; advierte buscan limitarle esos derechos, pero confía no podrán cambiarlo el 11 de enero 2027

SANTO DOMINGO.– La abogada Laura Acosta, integrante del equipo de defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo, afirmó que su defendido conserva plenamente sus derechos civiles y políticos, debido a que no existe una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que lo limite.

Acosta sostuvo que la presunción de inocencia de Castillo permanece vigente y manifestó que la defensa tiene plena confianza en que la corte confirmará el auto de no ha lugar dictado a su favor por el juzgado de instrucción.

Al responder preguntas de los periodistas sobre las posibles implicaciones del proceso judicial en las aspiraciones políticas de Castillo, la jurista expresó que no tiene problemas.

“Ninguna decisión judicial que no sea definitiva con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada puede afectar ninguna decisión política; porque es un ciudadano que no ha sido limitado en su derecho civil y político. La presunción de inocencia es un derecho que le permite al ciudadano y se mantiene”, aseguró.

Acosta afirmó que el desarrollo del proceso no impide que Castillo continúe ejerciendo sus derechos políticos y manifestó que el aspirante a la nominación presidencial mantiene su determinación de participar en la actividad política.

“Y como no existe y él tiene presunción de inocencia, no importa lo que pase en este proceso. Gonzalo Castillo puede ejercer sus derechos civiles y políticos libremente. Los ejercerá y dice él que va con todo”, expresó.

“Para tratar de limitarle sus derechos civiles y políticos, por eso fue metido en este proceso”, condenó Acosta.

Durante el intercambio con los periodistas, una de las preguntas estuvo relacionada con las razones por las que Gonzalo Castillo continúa enfrentando este proceso judicial y si este podría afectar sus aspiraciones políticas.

Ante la interrogante, Acosta respondió directamente y cuestionó las motivaciones del proceso contra su defendido.

“Nosotros hemos dicho desde el primer día para imputar a Gonzalo Castillo, pero ¿por qué está aquí precisamente? Por esa pregunta que tú acabas de hacer. Para tratar de limitarle sus derechos civiles y políticos; por eso fue metido en este proceso”, afirmó.

La abogada insistió en que deben separarse las discusiones judiciales de los derechos civiles y políticos de Castillo, los cuales, sostuvo, permanecen vigentes mientras no exista una sentencia definitiva con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que establezca lo contrario.

Al explicar los detalles de la audiencia celebrada ante la corte, Acosta informó que existen 15 recursos relacionados con el proceso, algunos de ellos interpuestos por querellantes que fueron excluidos del juicio de fondo.

La abogada explicó que también hay personas que recurrieron y otras que no lo hicieron, por lo que la defensa solicitó garantizar que todos los involucrados estén presentes y reciban las notificaciones correspondientes.

“Oigan bien, este recurso no es solo… son querellantes que fueron excluidos del juicio de fondo que recurrieron. Hay personas que recurrieron y que no recurrieron en la autoridad. Hay 15 recursos. Entonces lo que nosotros dijimos cuando tomamos la palabra fue que todas las personas tienen que estar aquí”, explicó.

Acosta manifestó que la solicitud busca evitar que una eventual decisión favorable a Castillo pueda ser anulada posteriormente por falta de citación o notificación a alguna de las partes.

“Si mañana yo quiero que mi confirmación de mi auto en un lugar nadie la pueda recurrir en casación para anularla porque alguien faltó. Entonces lo que queremos es sanear el proceso para que nadie falte. Y cuando nos confirmen el auto de no lugar no haya posibilidad de anular la decisión porque alguien faltó. Es tan simple como eso”, explicó la profesional de derecho.

La jurista explicó que durante la revisión del procedimiento se identificó a personas que no habían sido citadas y otras que, aunque recibieron citación, no habían sido notificadas de determinados recursos, bajo el argumento de que supuestamente no les afectaban.

Sin embargo, sostuvo que corresponde a los propios interesados determinar si tienen algún interés o si consideran que una decisión puede afectarles.

“Hubo personas que no fueron citadas. Hubo personas que fueron citadas, pero no le habían notificado el recurso porque alegadamente no les afectaba, pero ¿quiénes saben si le afecta o no? Y son las personas que vienen. Ahí hubo personas que dijeron: “Sí me afecta” y por eso estoy aquí”, relató.

Acosta informó que ese fue precisamente el saneamiento procesal que ordenó el tribunal, pese a que, según explicó, el Ministerio Público pretendía que algunas personas fueran excluidas sin estar presentes.

“A pesar de que el Ministerio Público pretendía que se excluyera personas sin que estuvieran aquí. Evidentemente eso es imposible tal y como dijo la magistrada presidenta. Que es que la corte no puede excluir a nadie que quiera participar en el proceso. Eso es una discusión de fondo”, manifestó.

Dos días para completar las notificaciones

La abogada informó que la corte concedió un plazo de dos días para que todas las personas que entiendan que no han recibido las notificaciones correspondientes presenten una instancia sencilla, de una página, en la que digan cuáles recursos no les han sido comunicados.

Explicó que el primero de diciembre las partes deberán acudir a la secretaría del tribunal para verificar y retirar las notificaciones pendientes.

“En esos dos días tiene que hacer una instancia simple de una página que diga: no me notificaron esto, esto y esto, y el día primero de diciembre venimos todos aquí, pero no en audiencia, a la secretaría a buscar lo que nos falta por notificar”, detalló.

Acosta precisó que la audiencia para conocer las solicitudes fue fijada para el 11 de enero.

“Y luego el 11 de enero, perdón, venimos a la audiencia a conocer lo que pida la gente, pero ya con todo el mundo aquí, porque no se puede afectar gente que no está aquí”, insistió.

En cuanto a las expectativas de la defensa frente a los recursos presentados por el Ministerio Público, Acosta reconoció que este tiene de derecho a recurrir la decisión que favoreció a Castillo, pero aseguró que los abogados están confiados en que será confirmada.

“El Ministerio Público tenía derecho de recurrir, y nosotros de defendernos y estamos confiados en que será confirmado el auto de no lugar porque tal y como dijo el juzgado de instrucción no existen pruebas suficientes”, afirmó.

Laura Acosta, dijo que, a su entender, no existen pruebas suficientes para sostener la imputación contra el exministro y defendió la decisión emitida por el juzgado de instrucción.

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