El Ministerio Público afirma no hay motivos jurídicos válidos para retrasar proceso contra acusados de formar parte de red criminal distribuyó sobornos por más RD$109 millones para conseguir contratos en empresas del Estado

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público aseguró que no existen motivos jurídicos válidos para retrasar el proceso contra los acusados de  formar parte de una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones con el propósito de agenciarse la contratación del servicio de seguridad privada en diferentes instituciones públicas.

“No hay ningún motivo jurídico válido para suspender o retrotraer un proceso que ya tendría sus audiencias”, dijo el fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto a periodistas que lo abordaron a la salida del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el procesado Elías Caamaño Pérez, acusado de  formar parte de la red criminal, recusó al juez Deiby Timoteo Peguero.

“Esperamos que la recusación sea rechazada por la Corte de Apelación y que se ordene la continuación del presente proceso”, aseguró el fiscal Guzmán Alberto, al referirse a la recusación incoada por Caamaño Pérez, excoordinador de seguridad patrimonial de la dirección ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El juez Deiby Timoteo Peguero dispuso, el pasado mes de octubre, la separación de Caamaño Pérez del expediente matriz presentado por el órgano acusador contra la red criminal.

Proceso penal por sobornos

El pasado mes de julio el Ministerio Público presentó acusación y solicitó apertura a juicio para 14 personas físicas y jurídicas que integraban la red de sobornos.

Por el caso también son acusados Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, miembro del departamento de Seguridad de EdeEste.

También, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.

El expediente, igualmente, incluye a Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, además de empresas de razones jurídicas.

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