Dictan prisión preventiva de tres meses contra capitán de yola por tráfico de ilegales
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.- El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre que fue arrestado el pasado 9 de agosto por intentar trasladar ilegalmente a 54 personas a Puerto Rico.
La embarcación fue interceptada aproximadamente a 40 millas náuticas frente a la Costa de la Bahía de Samaná.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez dictó la medida de coerción en contra de José Antonio Paredes, alias José Lancha, quien fue sometido a la justicia por el Ministerio Público por su vinculación al tráfico de ilegales.
A través de un comunicado de prensa se informó que la investigación del caso está a cargo de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez conjuntamente con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la colaboración de la Armada de la República Dominicana y la Guardia Costera de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés US Coast Guard.
En su solicitud de medidas de coerción el Ministerio Público establece que por el viaje le fue requerida a cada persona sumas comprendidas entre los US$4,000.00 a US$5,000.00, dinero que sería pagado por familiares de los mismos a otras personas que forman parte de esta red criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes al momento de arribar a Puerto Rico, mientras que a otros del grupo les fue requerido pagar por adelantado sumas de hasta 40 mil pesos dominicanos.
Sobre el arresto de Paredes, indicó que fue sorprendido en flagrante delito, mediante operativo realizado por miembros de la Armada de República Dominicana en conjunto con la Guardia Costera de los Estados Unidos en momentos en que el mismo transportaba al grupo a bordo de una embarcación de fabricación clandestina, tipo yola, de aproximadamente 35 pies de eslora.
Se trata de un delito que de ser encontrado culpable Paredes podría ser condenado a una pena privativa de libertad de 10 a 15 años de reclusión y al pago de una multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos y, contemplando las agravantes indicadas en la Ley 137-03, cómo se tipifica en el caso de la especie, dicho delito podría sancionarse con penas de hasta 20 años de privación de libertad.