Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), informó que someterá al coordinador del Gabinete de Política Social, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony), por ser el único responsable del reparto de millones de pesos a un grupo de artistas, violando todos los procedimientos establecidos por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, como se desprende de la Resolución RIC-74-2021, fechada el 7 de abril.
El presidente de la entidad, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, dijo que resulta inverosímil, que órgano que se apoderó de oficio luego del escandaloso acto, le recomiende al único responsable del irregular reparto, que busque a los responsables del mismo, existiendo todas las evidencias de que se trató de un acto, dirigido por el coordinador de la entidad, como se puede apreciar en la entrega de los cheques a los artistas, de manera directa y personal, hecho admitido por Tony Peña Guaba, cuando se dirigió a los medios de comunicación.
“En el transcurso de la semana llevaremos hasta la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el expediente contentivo del acto irregular, donde demostraremos que tanto Tony Peña Guaba, como el asesor del presidente de la República en materia artística, Engelbert Landolfi, receptor de los cuestionados fondos, para artistas manejados por su empresa».
Agregó que también wl cantante y músico Fernando Antonio Cruz Cepeda (Bonny Cepeda), viceministro para la Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura, quien recibió parte de los fondos, para la orquesta que dirige, mediante contratos de prestación de servicios como parte de los 54 artistas, beneficiados por el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) para las festividades navideñas del pasado año, por un monto superior a los RD$ 55.6 millones.
En la Resolución No. RIC-74-2021, dada a conocer el pasado lunes Contrataciones Públicas, solicitó al titular del GCPS, identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar dicha contratación, tras asegurar que no se cumplió con el debido proceso administrativo y en violación a varios principios de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.