Dos generales Armada Fuerza Aérea RD, un mayor PN, un capitán de navío y un coronel de ARD con medida de coerción de 18 meses caso 5G; otros 5 implicados arrestos domiciliario y dos presentación periódico
SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional envió a prisión preventiva y domiciliaria a diez imputados de corrupción administrativa en el Caso Coral 5G, y declaró el caso complejo.
La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como al mayor José Manuel Rosario Pirón, de la Policía Nacional, al capitán de navío, Franklin Antonio Mata Flores, Armada República Dominicana (ARD) y al coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.
En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) presentación periódica e impedimento de salida del país.
La prisión preventiva deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El tribunal control del caso será el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y la revisión obligatoria fue fijada para el 14 de marzo de 2022.
En el caso del general Julio Camilo De los Santos Viola, se conocerá medida de coerción en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre una recusación a la jueza Romero.
En el transcurso de las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción, el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos RD$4 mil 500.00 millones, según el Ministerio Público.
El procurador adjunto Wilson Camacho, afirmó que la lucha contra la corrupción avanza en República Dominicana.
“Nosotros presentamos para el conocimiento de esta medida de coerción a 12 imputados, y de esos 12 imputados, diez han quedado con medida de coerción privativa de libertad, lo que nos parece un reconocimiento más a la contundencia de los procesos que nosotros presentamos ante los tribunales”, resaltó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Camacho detalló que cinco de esas personas quedaron privadas de libertad con prisión preventiva y otros cinco con arresto domiciliario, en tanto que a otros dos les fue impuesto impedimento de salida del país y presentación periódica.
“Repito, este es un reconocimiento a la contundencia de los procesos que presenta el Ministerio Público ante los tribunales. Nosotros hemos repetido una y mil veces, que presentamos los procesos ante los tribunales, blindados, y esto es otra muestra más de que no lo decimos por decir, sino que cumplimos con la palabra que nosotros empeñamos en este sentido”, enfatizó.
Camacho reconoció que tienen un largo camino que recorrer, “pero no nos detenemos, y hay algo, este proceso de lucha contra la corrupción en República Dominicana, no hay fuerza humana que lo pueda detener”.
La medida de coerción fue conocida por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el proceso el Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de presuntas evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.
Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.