Abogados de Jean Alain Rodríguez solicitan a PEPCA y Cámara de Cuentas realizar auditoría de bienes y patrimonio de su cliente preso en Najayo
Santo Domingo. El consejo de defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, solicitó a la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a la Cámara de Cuentas, para realizar una auditoría exhaustiva de los bienes y patrimonio de su cliente, de acuerdo con la realidad y las declaraciones juradas de bienes sometidas durante sus funciones públicas, como lo establece la Ley 311-14 y su reglamento.
Los juristas solicitaron las copias de las auditorías, informes y comunicaciones realizadas, remitidas y/o recibidas durante la gestión de Jean Alain Rodríguez frente a la procuraduría general de la República durante el período 2016-2020 respecto a la gestión administrativa, contable y financiera de la institución.
“Jean Alain Rodríguez es el más interesado en que esta auditoría se realice, por lo que se han remitido varias comunicaciones para solicitar a la entidad competente y autorizada para que realice este escrutinio sin haber recibido respuesta, como si la PEPCA quisiera esconder la verdad. Requerimos que a la mayor brevedad posible ese organismo realice una auditoría no solo a su patrimonio personal, sino a la gestión completa”, informó Gustavo Biaggi Pumarol.
Denunciaron que a Rodríguez le han incautado un sinnúmero de bienes de manera ilegal y arbitraria, ya que pertenecen a entidades societarias compartidas con terceros y familiares con todo su patrimonio personal generado previo a su designación como procurador general, de manera transparente, con recursos lícitos y oficiales.
Recordaron que sometieron un recurso al Ministerio Público hace más de seis meses para la devolución inmediata de estas propiedades, sin haber obtenido respuesta oficial.
“Nuestro cliente tiene como justificar cada peso que le ha ingresado en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos, ya que siempre ha preferido la transparencia y tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie”, añadió Biaggi Pumarol, quien sirvió de vocero de los demás juristas.
Afirmó que todos los bienes de Jean Alain figuran dentro de los activos presentados en sus declaraciones juradas de los años 2012, 2016 y 2020, ya sea de forma directa o como parte de los activos de sociedades parcialmente de su propiedad, declarados de forma transparente y con todos sus justificativos y pago de impuestos, por lo que solicitan una auditoría e informe evaluativo de su patrimonio que refleje la verdad.
Resaltó que previo a ejercer la función pública, su cliente representó cientos de empresas de prestigio, registrando como parte de su práctica privada más de US$1,000 millones de inversiones de sus clientes en el Centro de Exportación e Inversión de proyectos turísticos, energía y otros, lo que afirmó, reposa en los archivos oficiales.
“A modo de ejemplo, ya desde el año 1999 formó parte del equipo legal del sector privado que representó a las empresas privatizadas del sector eléctrico y la instalación de decenas de hoteles en la zona de Bávaro y Punta Cana, todo lo cual demuestra una trayectoria y ejercicio privado a gran escala de más de 20 años. Justo antes de ser funcionario, pagaba más impuestos mensuales a título personal que el salario total que recibía como servidor público”, afirmó Biaggi Pumarol.
Dijo que antes de ser funcionario, Jean Alain tenia diversas propiedades inmobiliarias y turísticas, con sus certificados de título y justificativos de compra producto del ejercicio privado incluyendo la residencia donde actualmente reside, adquirida en el año 2011 y presentada en su declaración jurada del 2012.
“En todo el expediente de medidas de coerción no existe una sola imputación ni siquiera mención de su patrimonio o declaraciones juradas, pero ha dado este paso de solicitar al propio órgano investigador que revise su patrimonio completo para así demostrar que el mismo permanece idéntico al que tenía previo a ser funcionario”, precisó el abogado.
Explicó que la solicitud realizada a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se realiza en virtud de que la Constitución, en su artículo 246, así como también la Ley 10-04 en su artículo 10, asignan a ese organismo facultad y responsabilidad legal para hacer auditorías, en su calidad de órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
Biaggi Pumarol, denunció que a Jean Alain se le imputan cargos sin presentar la debida auditoría o informe por la institución competente, ni una sola persona o documento que lo señale directa o indirectamente como autor de actos irregulares, lo que demuestra que la investigación llevada a cabo carece de seriedad, transparencia y violenta todos los procesos, incluyendo los administrativos, como establece la ley.
Cuestionó que el Ministerio Público informara que existe un fraude de RD$7 mil millones, sin embargo, no dice ni de qué obra, ni de que cuenta, ni quienes o como se cometieron los hechos.