Ministros y directores generales se reúnen con Defensor del Pueblo para examinar estatus vehículos retenidos en el Canódromo y entregarlos a sus dueños
Santo Domingo.- Una comisión del Gobierno, encabezada por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, examinarán el estatus jurídico de todos los vehículos que se encuentran dentro del Centro de Retención Vehicular Canódromo El Coco, para entregarlos a los ciudadanos que demuestren la documentación que los acrediten como sus legítimos propietarios.
Este jueves, se llevó a cabo el segundo encuentro, con el objetivo de avanzar en los trabajos de elaboración de un plan para solucionar la problemática de la retención y devolución de vehículos que están en el Canódromo, bajo control de la Dirección General Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
En el encuentro, además de Vásquez Martínez y Ulloa, participan la Policía Nacional, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y Contraloría General de la República.
Esta es la segunda reunión que se produce entre las autoridades y el Defensor del Pueblo, tras investigaciones de manejo y retenciones irregulares de vehículos en el Canódromo, luego de las desconsideraciones que fue objeto Ulloa, por la exencargada de la entidad que pertenece a la Digesett.
En un próximo encuentro, los órganos administrativos estarán designando grupos de trabajo para cada centro de retención, con la finalidad de apoyar a la Contraloría General de la República en el levantamiento de los vehículos y sus condiciones. Además del ministro de Interior y Policía y el Defensor del Pueblo, en la reunión de este jueves, participaron Luis Valdez, director de Impuestos Internos, el mayor general Eduardo Alberto Then, director de la Policía Nacional; Rafael Arias, director del Intrant; general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la DIGESETT, y Catalino Correa, contralor General de la República.