La Fundación Justicia y Transparencia somete por ante el TSA a funcionarios que se produjeron aumento salarial
Santo Domingo. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), sometió a la acción de la justicia, por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), a varios funcionarios públicos por falta grave en el ejercicio de sus funciones, al incrementarse el salario y otros beneficios, en violación a la Constitución de la República y a la Ley General de Salario, número 105-13.
El sometimiento fue depositado bajo la modalidad de recurso contencioso administrativo, en demanda en nulidad del incremento salarial y otros beneficios, incluyendo la devolución de todos los dineros recibidos ilegal e inconstitucionalmente hasta la fecha.
La FJT fue enfática en la persona de sus abogados, Henry Adames y César Noboa, quienes manifestaron que la Constitución establece la imposibilidad de aumentarse el salario.
“Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”, expresa el artículo 40 de la Constitución de la República.
La instancia fue interpuesta en contra de Rafael Aníbal Velazco Espaillat, ex superintendente y expresidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad; Diógenes Rodríguez Grullón, Aura Mireya Caraballo Castillo, miembros del consejo de la Superintendencia de Electricidad y Alejandro Eduardo Fernández Whipple, Superintendencia de Bancos; Ramón Emilio Contreras Genao, Superintendencia de Pensiones, Rafael Evaristo Santos Badia, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otros.
Justicia y Transparencia, además, lamentó el festival de aumentos de sueldos que se ha desatado en la presente gestión de gobierno, y más aun con la mirada cómplice de las altas instancias gubernamentales, que solo ven la violación a la Constitución como una imprudencia o libertad de criterio para los funcionarios a la hora de decidir sobre su salario.