Abogada Laura Acosta acusa Ministerio Público de proteger a José Pablo Ortiz Giráldez, operador de hechos atribuidos a expediente involucra a Gonzalo Castillo; destaca Ortiz Giráldez está involucrado desfalco Senasa, pero MP cree en él
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ha sostenido un esquema deliberado de protección en favor de José Pablo Ortiz Giráldez, un operador central de los hechos atribuidos al expediente que involucra a Gonzalo Castillo y que también aparece en el escándalo de Senasa, en arreglos financieros ilegales que comprometen fondos públicos.
El planteamiento fue hecho por la abogada Laura Acosta, en representación de la defensa de Castillo, durante la audiencia celebrada este viernes en el Segundo Juzgado de la Instrucción, donde también integran el equipo legal los juristas Nassef Perdomo y Luis Rivas.
Acosta afirmó que el Ministerio Público disponía desde hace años de información suficiente para detener las operaciones ilícitas atribuidas a Ortiz Giráldez, pero decidió no actuar para preservarlo como testigo estratégico en expedientes dirigidos contra exfuncionarios del pasado gobierno.
Mostró prueba de que en enero de 2022, el Ministerio Público había solicitado información sobre la empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud, propiedad de Ortiz Giraldez,y que, sin embargo, al interrogarlo ocho meses más tarde, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho decidieron creerle cuando dijo que no tenía bienes.
Acosta recordó que en ese momento, ya Ortiz Giraldez usaba a la empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud para actuar en perjuicio de Senasa.
Privilegio procesal sin objetividad
Mientras a otros encartados se les atribuyen responsabilidades menores —informó— Ortiz Giráldez transita como testigo protegido, sin evaluación crítica de su credibilidad ni contraste riguroso de su rol en la estructura investigada.
La defensa, consideró que este trato preferencial es incompatible con la obligación de objetividad que ata al Ministerio Público.
Acosta recordó que el mismo patrón se repitió tres años después en la solicitud de coerción del caso Senasa, donde Ortiz Giráldez reaparece vinculado a empresas y operaciones cuestionadas, pero nuevamente sin enfrentar cargos.
Afirmó que eso demuestra que el Ministerio Público ha adoptado una estrategia deliberada para blindar al testigo y utilizarlo como pieza útil en expedientes de interés político.
“Es un privilegio procesal inadmisible. Ortiz Giráldez ha sido protegido sistemáticamente, aun cuando las evidencias indican que su rol ameritaba una investigación profunda. El Ministerio Público sabía lo que ocurría y optó por no detenerlo”, sostuvo Acosta.
“Cuando se analiza el trato a Ortiz Giráldez junto al fraude procesal cometido en la acusación contra Castillo, queda claro que el Ministerio Público no persigue la verdad, sino un resultado político”, afirmó Acosta, advirtiendo que la selección de testigos privilegiados y la manipulación temporal de pruebas han contaminado el proceso desde su origen.
Por otro lado, Acosta destacó que conversaciones telefónicas incorporadas por la propia acusación evidencian contactos y coordinaciones directas entre estas personas y actores con capacidad de influencia dentro del Ministerio Público, incluso antes de que existiera juez apoderado del proceso.
La abogada del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), puso en evidencia que el Ministerio Público preparó versiones de los hechos para algunos testigos y como ejemplo citó el caso de Mustafá Abu Naba’a, en cuyo teléfono fue hallado un documento titulado “Relación de Hechos”, recibido días antes de su interrogatorio formal, cuyo contenido coincidía en sentido y orden con las respuestas que ofreció posteriormente ante la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
La defensa sostuvo que la acusación presenta a Abu Naba’a como víctima de una supuesta extorsión atribuida a Gonzalo Castillo, sin más prueba que su palabra, lo que —advirtieron— lo beneficia en el arbitraje internacional que mantiene contra el Estado dominicano ante el CIADI, con un riesgo superior a 90 millones de dólares.
La defensa cerró resaltando que la acusación contra Gonzalo Castillo “no puede sostenerse sobre omisiones deliberadas, contradicciones documentales y privilegios ocultos”, por lo cual insistió en la nulidad absoluta del proceso.