Abogado de dos involucrados en operación Calamar, rechaza sus representados vayan a ser beneficiados con contratación de obras del Estado por cambio de información

Santo Domingo.- El jurista Manuel Fermín Cabral, abogado de los implicados en la operación Calamar, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, negó que sus representados vayan a ser beneficiados con la contratación de obras públicas futuras por parte del Estado dominicano a cambio de información.

Precisaron que, desde el inicio de las investigaciones, acudieron voluntariamente ante la Procuraduría General de la República para aclarar el alcance de su participación en el caso.

Fermín Cabral expuso que, sus defendidos siempre han actuado apegados a la verdad y explicó que, tras la verificación de las declaraciones de sus defendidos, se estableció formalmente un esquema de colaboración con la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público con la condición de que la información proporcionada por ellos pudiera siempre ser corroborada mediante otros medios de prueba.

Precisó que sus representados no tienen ninguna vinculación con el “Grupo Cat”, empresa con la cual, supuestamente, se suscribió un contrato que establecería un mecanismo de pago con “obras futuras” y que nunca han discutido con la Procuraduría General de la República la posibilidad de un acuerdo de esta naturaleza.

El abogado explicó que fue una decisión voluntaria de sus defendidos la devolución íntegra de las ganancias que recibieron a propósito de los pagos por concepto de expropiaciones, y que los acuerdos establecidos así lo reflejan.

Respecto a la empresa Trossachs Enterprises, desmintió que la misma recibiera pagos del Estado dominicano a través del mecanismo de expropiaciones ascendentes a RD$7 mil 615 millones.
“Todos y cada uno de los pagos recibidos por Trossachs Enterprises, por parte del Estado dominicano, se correspondieron a trabajos de obras de infraestructuras ejecutadas y entregadas a la entonces Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE)”, dijo.

Fermín Cabral detalló que esa empresa es una sociedad de responsabilidad limitada conformada en el año 2014 y que la oficina de abogados Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández (“Headrick”) no tuvo ninguna otra participación que no fuera la constitución de la sociedad y la realización posterior de documentaciones propias de una actividad societaria.
“Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, no solo es que no conocen a la señora Lilly Acevedo Gómez, sino que en las innumerables veces que comparecieron por ante la Procuraduría General de la República nunca han tenido contacto o relación alguna siquiera con quien ocupe la función de secretaría general de dicho ente. Nunca”, aseguró.