Abogados de implicados en caso Calamar, vaticinan magistrada del IV juzgado de la Instrucción DN, Altagracia Ramírez, dejará en estado de fallo expediente, próximo viernes, luego de escuchar réplicas y contraréplicas de involucrados
SANTO DOMINGO.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez dejará el próximo viernes en estado de fallo el caso Calamar, luego de escuchar las réplicas y contraréplicas de las partes involucradas en el proceso judicial.
Mientras los abogados de la defensa sostienen que el informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría de la República, el 21 de septiembre de 2021 en que se basó la persecución en el caso Calamar, es totalmente falso.
El caso Calamar tiene un gran número de abogados representantes, debido a la cantidad de implicados, comenzando con Ángel Lockward, quien se representa a sí mismo, mientras que Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena y Emely Rodríguez representan a José Ramón Peralta y María del Pilar Zuleta a Donald Guerreo.
Expresaron que el caso Calamar y las medidas impuestas a los imputados durante más de cinco años, nacen de un informe “inexistente”, hecho por personas “incompetentes” en el plano legal y material, que el PEPCA, por su propia prueba escrita, sabía que era falso desde principios del 2022 y, “ese adefesio es la única prueba de la supuesta defraudación”.
Según los abogados, el mal intencionado informe de auditoría desde abril de 2022 fue atacado en el Tribunal Superior Administrativo por Ángel Lockward, lo que conllevó que en un ejercicio de “soberbia y revanchismo”, le incluyeran como imputado en el referido caso.
La magistrada Mirna Ortíz se refirió a este tema informando que se había solicitado la nulidad, pero ninguna defensa de los imputados ha pedido la nulidad, sino la inconstitucionalidad y exclusión probatoria por su ilegalidad.
Expresaron que la magistrada Ortíz estableció que “se ha dicho que” es un documento de trámite, pero que nadie ha sostenido eso, que es un documento interno de trámite, ha sido la postura escrita por ante los tribunales de la República, a) los supuestos auditores, b) de la misma Contraloría, c) de la Procuraduría General Administrativa y finalmente, d) del PEPCA.
“Y, si para ellos es un documento de trámite, porqué como si fuese un informe real con el que se solicitaron medidas de oposición a pago, de coerción y se formuló la acusación”, cuestionaron los abogados
Expresaron que eso constituye un “fraude procesal, una desviación de poder”, y que la PEPCA a través de la magistrada Mirna Ortíz, mostró en una diapositiva la firma de los tres autores del falso informe diciendo a la jueza Ramírez que el mismo estaba firmado.
Agregan que los abogados de Ángel Lockward no se refirieron a esas firmas, sino a que el documento no tenía la única firma que validaba, la del contralor general de la República y sin esa firma, el documento carece de valor legal para la investigación.