Abogados de Jean Alain revelan trama del Pepca contra su cliente para dilatar investigación; este viernes pedirán cuatro meses de prórroga y claman audiencia sea a puertas abiertas

Santo Domingo. El consejo de defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reveló una trama de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para dilatar el proceso de investigación que siguen a su cliente al no existir pruebas en su contra, con el objetivo de prolongar prisión ilegal reenviando las audiencias fijadas por los tribunales como táctica dilatoria.

El abogado Carlos Balcácer, vocero de la barra de la defensa de Jean Alain, recordó que el Ministerio Público presentó el pasado 28 de febrero una solicitud de prórroga de cuatro meses al dejar vencer el plazo ampliado de ocho meses otorgando sin presentar un archivo del caso o una acusación como lo manda la ley. 

Los juristas insistieron que la opinión pública debe estar informada y atenta del proceso, pues han solicitado de nuevo que la audiencia fijada para este viernes a las 4:00 de la tarde, sea pública y a puertas abiertas para que todo lo que acontezca en la sala sea conocido.

“Luego de engañar al país informando que tenían un “expediente blindado” resulta que no tienen una sola prueba contra el ex Procurador, y por tanto solicitan cuatro meses adicionales, solicitud que en función del artículo 228 del Código Procesal Penal ordena la suspensión de la presión preventiva y conlleva la libertad del investigado”, informó Gustavo Biaggi, otro de los abogados del exprocurador.

El equipo de abogados, recusó formalmente a cinco miembros del Ministerio Público de los más de mil 500 que componen la matrícula de la institución, sobre lo que Francisco Franco, afirmó, que “el rechazo de la misma confirma el odio existente entre los miembros del órgano persecutor y nuestro cliente”.

Los recusados fueron Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, por estos encontrarse inhabilitados para investigar a su ex compañero de trabajo conforme lo prohíbe de forma expresa el artículo 80, acápites 1, 7 y 9 de la Ley 133-11, al estos ser parte y tener interés en la investigación que participan, al haber administrado y gastado directamente parte de los fondos que la PEPCA ha definido fueron utilizados sin seguir los procesos administrativos mientras estos fungían como fiscales titulares o subdirectores, realizando compras de equipos de tecnología, y otros gastos, que se encuentran en el propio expediente contra el ex Procurador”.

Franco agregó, que lo anterior al margen de que Camacho y Reynoso no permitieron que el ex Procurador declarara en dos audiencias, y se han referido en medios de comunicación de forma despectiva y vejatoria.

Los juristas insisten que la Ley 133-11 contempla que al haber existido una relación laboral con el investigado, estos miembros del Ministerio Público no pueden dirigir y ejercer la acción pública contra el investigado.  

En tanto, la Ley 133-11 como el Código Procesal Penal establecen que el odio y la conocida enemistad capital de los recusados frente a Jean Alain los inhabilita y les impide participar en la investigación. 

“Existen decenas de pruebas, declaraciones públicas y escritos que demuestran la deteriorada relación y animadversión existente de parte de los miembros del Ministerio Público y el ex Procurador. La destitución de Yeni Berenice y su rechazo a participar en el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) para la selección de los fiscales y procuradores es una muestra suficiente de su falta de objetividad en el proceso”, manifestó Franco.

Agregó que al margen de que en plena falta de objetividad y animadversión se han referido al ex Procurador de forma negativa, despectiva y peyorativa, llegando hasta el punto de impedirle declarar en varias audiencias violentando sus derechos fundamentales.

 Afirmó que la PEPCA mintió al país informando que tenían un “expediente blindado” presentando la construcción, impermeabilizantes e inodoros y resulta que la procuradora general, Miriam Germán Brito, aprobó todos los contratos que hizo Jean Alain Rodríguez y les pagó más de 220 millones adicionales.  

Balcácer afirmó que el Ministerio Público “no merece ni un solo día de prórroga y si la otorgan, entonces que cumpa el juez con la ley otorgando como la libertad de nuestro cliente.

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