ADAFP sigue negada a entregar partida a los trabajadores
Santo Domingo.-La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), llamó a la “reflexión y la sensatez” a todos los sectores de la vida nacional para aunar esfuerzos y evitar los efectos negativos que tendría seguir adelante con el proyecto de ley que buscar que se entregue el 30% de los ahorros a los trabajadores afiliados a las administradoras.
En ese sentido, reafirmó su rechazo a dicho proyecto, tras afirmar que en torno al proyecto se ha hecho un “manejo improcedente y apresurado de un tema de tanta trascendencia para el futuro de los trabajadores y para la economía nacional”.
Precisó que en su misión de administrar y cuidar, con transparencia y apego a las leyes vigentes el patrimonio de los afiliados, las AFP miembros de la ADAFP advierten de las “graves consecuencias que tendría una nueva modificación de la Ley 87-01” de la Seguridad Social.
Agregó que el referido proyecto es a todas luces inviable porque se trata de imponer “sin las debidas ponderaciones y necesaria participación de los trabajadores afiliados y de sus empleadores, ni de las autoridades gubernamentales, los tres actores fundamentales del sistema previsional”.
Asimismo, recordó que los fondos de pensiones fueron creados con el fin de garantizar un retiro de calidad a los trabajadores afiliados y que con el adelanto de un 30%, éstos asumirían con sus propios ahorros el costo de la crisis económica provocada por el Covid-19.
Advirtió que esa es una responsabilidad y un “deber del Estado, para lo cual hizo una emisión de bonos soberanos denominados Covid-19 por RD$40 mil millones”.
Dijo que la entrega de esos fondos tendría un impacto negativo en la economía, encareciendo los precios y debilitando la moneda y además el valor de la pensión de los trabajadores disminuiría doblemente.
Sostuvo que con el retiro de parte de los ahorros obtenidos hasta la fecha, la operación tendría también implicaciones en el valor patrimonial de los fondos, “colocándolos en una situación de precariedad a futuro”.
“Como señaló el gobernador del Banco Central, la modificación de la Ley 87-01 tendría consecuencias perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, así como para la estabilidad y el crecimiento económico”, añadió.