Adocco advierte que viola la Constitución el aumento salarial aprobado por el Poder Judicial para sus integrantes por lo que pide sea dejada sin efecto

Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) rechazó a la decisión del Consejo del Poder Judicial de aprobar un incremento en las remuneraciones y beneficios de sus integrantes durante el período para el cual fueron designados, al considerar que la medida podría contravenir lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República.

La organización recordó que el artículo 140 de la Carta Magna establece de manera expresa lo que es correcto.

«Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley», expresa el artículo 140 de la Constitución.

El presidente de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, expresó que ese mandato constitucional constituye una garantía de transparencia, ética pública y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado, al impedir que quienes ejercen funciones de dirección en los órganos públicos adopten decisiones que les generen beneficios económicos durante el mismo período de su designación.

Sostuvo que el principio contenido en el artículo 140 no admite excepciones derivadas de decisiones administrativas o reglamentarias, por tratarse de una prohibición de rango constitucional dirigida a todas las instituciones públicas y entidades autónomas que administran fondos públicos.

De la Rosa Tiburcio exhortó al Consejo del Poder Judicial a revisar la decisión adoptada y dejarla sin efecto, en observancia del principio de supremacía constitucional y del deber de todas las autoridades públicas de ajustar sus actuaciones al texto y espíritu de la Constitución.

La organización advirtió que, de mantenerse vigente una decisión contraria al artículo 140 de la Constitución, correspondería a los órganos competentes determinar las responsabilidades constitucionales y legales que pudieran derivarse de esa actuación, incluyendo, cuando proceda y conforme al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes, la activación de los mecanismos de control político e institucional previstos en el ordenamiento jurídico.

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