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Santo Domingo.- El Consorcio Resiliencia a la Sequía y Seguridad Alimentaria, lanzó un proyecto binacional que incrementará la seguridad alimentaria y las capacidades de resiliencia ante la sequía de varias comunidades de la región fronteriza de Haití y República Dominicana. 

La iniciativa “Fortalecimiento de capacidades para incrementar la seguridad alimentaria y la resiliencia a la sequía en Haití y República Dominicana” tiene el propósito de mejorar la respuesta humanitaria y la reducción del riesgo de desastres, al tiempo que fortalece la gobernanza, monitoreo y alerta temprana en ambos países.

En la República Dominicana el proyecto se ejecutará en los municipios de Guayubín, San Fernando de Montecristi y Las Matas de Santa Cruz, provincia de Montecristi, y en los municipios de San Juan y Las Matas de Farfán de la provincia de San Juan de la Maguana.

La nueva iniciativa reforzará el sistema de alerta temprana para sequías, así como la gestión de alerta y la implementación de procedimientos operativos estándar por parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Ministerio de Agricultura, garantizando la difusión de información y alertas a tomadores de decisión, productores y a la comunidad en general.

De igual forma, se realizará un diagnóstico nacional de las estaciones de monitoreo hidrometeorológicas existentes en el país, mediante un censo de las redes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Ministerio de Agricultura, la ONAMET, INTABACO, REDDOM, el Grupo Vicini, a fin de establecer su cantidad, condición de funcionamiento, calidad, ubicación y programas de mantenimiento.

El acto de lanzamiento del proyecto contó con representación de instituciones relevantes en la gestión de riesgo en el país como la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Agricultura, además con la presencia de Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea.  

Durante la actividad, Robert Crowley, coordinador de seguridad hídrica y gobernanza de la mesa de coordinación del recurso agua, dictó una conferencia sobre, “El Impacto Socio-Económico de la Sequía en la República Dominicana”.

Sobre el consorcio

Resiliencia a la Sequía es un programa de cooperación financiado por la Dirección General de Protección Civil y Acciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), bajo la modalidad de consorcio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Oxfam Intermon y Plan International, que, junto con el gobierno de la República Dominicana y a través del COE,  Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, formularon y ejecutan el proyecto en el país.

 

Extremamente preocupante e indignante es lo que hemos venido observando últimamente en las redes sociales, ver como personas pueden emitir tantos insultos en serie a través de estos espacios nos crea las interrogantes: ¿Cuál es el estado psicológico de esas personas? ¿Es que no llegan a darse por enteradas de que podrían llenar páginas enteras de un cuaderno con esas groserías? ¿En qué vamos a convertir estos espacios? La libertad ganada con la apertura de estos medios por todos los que tenemos al alcance un dispositivo electrónico para usarlas está revirtiéndose de tal manera que la ausencia de controles originará nuevas opresiones.

Y más aún, podríamos asegurar que cuando las publicaciones en estos medios sean reguladas, será imposible contener o revertir el daño causado como consecuencia de los disgustos a causa de los violentos e indeseables comentarios publicados diariamente en las redes.

Pareciera ser que las redes sociales estuviesen invadidas por personas frustradas en donde solo se emiten opiniones de odio, desprecio, desconsideración e indiferencia, en donde se destaca la ausencia de un debate de calidad de ideas y opiniones que puedan construir una mejor sociedad, y no por la falta de un marco regulatorio que imponga un régimen de consecuencias que pueda controlar el libertinaje cibernético que tiende a confundir lo que es la libre expresión con la difamación, la falta de respeto y la injuria, si no más bien por la falta de sentido común, educación y hasta profesionalidad.

Podríamos estar de acuerdo o discrepar con las ideas, gestión o posición de un funcionario público, líder religioso o ciudadano común, y nunca será necesario denigrar su persona, su familia y sus allegados externando odio, falta de respeto y desconsideración sin medir el impacto o daño causado. Ninguna persona por integra que se considere, tiene el derecho a dar al traste con la dignidad de otra a través de las redes sociales u otros medios faltando a la prudencia.

Es aterrador ver como personas opinan destruyendo a otras a través de estos espacios virtuales opinando y acusando con tanta seguridad. Utilizar leguajes despectivos contra nuestro prójimo, sin siquiera validar información o indagar la fuente, es desconocer que todo hombre de bien tiene sus luces y tiene sus sombras, y desentendemos que fomentar esa incultura de atropello y desconsideraron es ignorar nuestra propia ignorancia.

Nadie pone en duda que existe degradación moral en el comportamiento que exhibe una parte de los que “ejercen” como “periodistas”, especialmente en medios electrónicos diseminados en diferentes puntos de la geografía nacional. Afortunadamente, muchos de los que actúan de esa manera no son profesionales del periodismo, sino usurpadores que dicen ampararse en la prerrogativa universal de la libertad de expresión del pensamiento; llegando más lejos, al asegurar que cualquier forma de coartar la misma, sería violar los derechos humanos. La discusión en torno al tema se ha reanudado en estos días, a propósito del sometimiento a discusión del Congreso Nacional, por parte del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), de una iniciativa que procura la aprobación de regulaciones en el ejercicio de esa profesión.
La institución va en el camino correcto porque hoy en día, toda profesión debe conllevar que quienes se egresen de un centro de estudios superiores lo hagan con un perfil mínimo de dominio de las técnicas, unos adecuados criterios profesionales para su abordaje y un compromiso ético en el ejercicio. En términos académicos, un periodista es el profesional egresado de un centro de estudios superiores preparado para dedicarse al ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa, la fotografía, la radio, la televisión o los medios digitales.
Dentro de sus tareas cotidianas figuran las de descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y difundirlos. La sociedad dominicana ha conocido casos de falsos médicos, abogados e ingenieros, entre otros, pero la profesión más usurpada de todas resulta la comunicación social, ya que el que paga la tarifa de un espacio en un canal de televisión o una estación de radio comienza a autoproclamarse como “periodista”. No pocos, bajo ese “blindaje”, se vuelven mercenarios de la palabra, convirtiéndose, en la práctica, en chantajistas, difamadores e injuriadores. A los “periodistas” a que me refiero, no tienden idea de lo que hacen, porque no han ido a una escuela a estudiar Comunicación Social, ni dominan los conceptos elementales de que noticia constituye aquellos sucesos actuales, próximos, importantes, inusuales u originales de interés público.
He visto a algunos recurrir al obsoleto argumento de que no se puede limitar el derecho a la expresión y difusión del pensamiento. No se trata de eso, una cosa es utilizar los medios de comunicación para expresar libremente las ideas, y otra, usurpar la profesión. Tampoco se pueden justificar en que los extintos Rafael Herrera Cabral, Rafael Molina Morillo, Radhamés Gómez Pepín y Germán Emilio Ornes fueron excelentes periodistas y no estudiaron, ya que eran otros tiempos en los que las universidades dominicanas no impartían la comunicación.
Ahora se han inventado la supuesta existencia de un periodismo ciudadano. Me gustaría ver a un médico ciudadano en una sala de cirugía, a un ingeniero ciudadano construyendo un hospital de varios niveles o un arquitecto ciudadano elaborando los planos de moderno aeropuerto. Lo que verdaderamente están en juego en esa lucha entre los que abogamos por el establecimiento de regulaciones al ejercicio del periodismo en la República Dominicana y los que se oponen, es una cuestión moral. De un lado, los que queremos un periodismo profesional y ético y, del otro; los usurpadores, muchos de los cuales carecen de frenos morales. El Colegio Dominicano de Periodistas debe continuar los esfuerzos para que, finalmente, los profesionales de la comunicación podamos contar con un marco jurídico que dignifique una profesión que hace años viene siendo usurpada olímpicamente.

Luis García

Periodista y abogado

Son muchos los ejemplos de personas, localidades y hasta de países que han logrado verdadero progreso. Entiéndase progreso en su acepción referida a mucho más que simple acumulación de bienes. Esos ejemplos dan cuenta de verdadero bienestar y duradera felicidad.

Gracias a la iniciativa de ICOMOS muchos hemos podido conocer y disfrutar todo lo relacionado con Gascue, en una serie de brillantes exposiciones que se han presentado en la Academia Dominicana de la Historia. Sin duda alguna, las conferencias reunidas en un volumen, sería de gran utilidad para profesionales del área de la Arquitectura, estudiantes de esta disciplina, ingenieros, planificadores gubernamentales y municipales, ambientalistas, sociólogos, así como del público en general.

BARAHONA.- Los hechos delictivos que ocurren en una sociedad organizada y civilizada deben ser investigados, a los fines de que partiendo de lo que establece el ordenamiento jurídico, la persona que haya cometido la infracción sea juzgado y sancionado.

Este deber de investigación recae por mandato de la Constitución dominicana y el Código Procesal Penal, sobre los hombros de Ministerio Público, auxiliado por la Policía Nacional (puede ser otra agencia como la DNCD). Artículo 169, Constitución Dominicana, el Ministerio Público, es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.

Casi siempre en las investigaciones del Ministerio Público deben realizarse allanamientos para buscar evidencias, pruebas o apresar a alguien. Pero, ¿qué son los allanamientos y si estos lesionan derechos fundamentales? El allanamiento y para que se entienda claro, es el ingreso autorizado por orden de un juez a un domicilio o residencia de una persona al Ministerio Público.

Un allanamiento sin la presencia de un fiscal es ilegal y nada de lo que se encuentre puede ser utilizado en el proceso penal en la República Dominicana.

“Artículo 180, del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15- Registro de moradas y lugares privados.

El registro de un recinto privado, destinado a la habitación o a otros fines particulares, sólo puede realizarse, a solicitud del Ministerio Público, por orden de allanamiento expedida mediante resolución judicial motivada”.

Los allanamientos pueden provocar lesiones de derechos fundamentales, pero estas afectaciones de derechos son excepcionales (los derechos fundamentales no son absolutos). Por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio está protegido por la Constitución Dominicana, sin embargo, es la misma Constitución en su artículo 44, numeral primero, que permite esa excepcionalidad.

El hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito. Ahora bien, ¿puede un fiscal o un policía penetrar a una residencia sin orden de un juez?

La respuesta sería sí, pero en circunstancias específicas. Veamos: El artículo 181 del Código Procesal Penal Dominicano, modificado por la Ley 10-15, aclara en qué momentos o circunstancias procede esta excepción, cuando establece que el registro sin autorización judicial procede cuando es necesario para evitar la comisión de una infracción en respuesta a un pedido de auxilio, cuando se persigue a un sospechoso que se introdujo a un recinto o vivienda ajena”. Ahora, ¿qué es un pedido de auxilio?

Es la actuación de una autoridad policial o del Ministerio Público, que busca impedir la consumación de una infracción que ponga en peligro una existencia de la vida humana. Por ejemplo, una mujer que está siendo golpeada por su pareja en la intimidad de su hogar y una vecina llama a la policía o la fiscalía, estos pueden penetrar a la vivienda para salvaguardar la vida de la mujer y arrestar en flagrante delito al infractor.

Otro ejemplo sería, que si un niño, niña o adolescente está siendo agredido por sus padres en la intimidad de su hogar la policía o la fiscalía puede penetrar a dicha residencia para evitar la muerte de los menores en cuestión y detener en flagrante delito a los padres.

Otra excepción que la misma ley establece es cuando existe una persecución de un individuo que haya cometido un hecho o se haya fugado de un recinto penitenciario, siempre y cuando la vivienda sea ajena, no es necesario una orden, si es su residencia habría que tener una autorización de un juez.

Aclarado lo antes dicho, quiero referirme a una preocupación de muchas personas respecto de los allanamientos. En ocasiones he escuchado decir que en horas de la noche no se pueden realizar allanamientos, que es ilegal, que después de las 06:00 de la tarde ninguna autoridad puede penetrar a una vivienda.

Estas afirmaciones no son correctas. La regla es que los allanamientos sean en horas del día, sin embargo, la misma ley establece que sí se pueden realizar allanamientos en horas de la noche, con la salvedad que deben ser autorizados por un juez competente.

En caso de que la orden establezca que se puede ejecutar durante la noche todo es legal. Artículo 179, del Código Procesal Penal, modificado por la ley 10-15, pueden realizarse registros en horas de la noche cuando el juez lo autorice de modo expreso mediante resolución motivada”. Para que el Ministerio Público pueda utilizar los medios de pruebas obtenidos en los allanamientos, debe cumplir con todas las exigencias de legalidad que establece la norma, y si cumple con ellos, eso se llama debido proceso.

Siempre debe reservarse un espacio para una salida inteligente.

A lo largo de la historia, generación tras generación, el síndrome de la maldad ha estado presente en una parte de la humanidad que por suerte no es mayoría.

El mejor regalo que el presidente Danilo Medina les puede dar en Navidad a las amas de casa, a los choferes y el pueblo en general es ordenar que se elimine la abusiva “distorsión” de la resolución de Industria y Comercio que altera los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Sentarme bajo la tranquilidad de una tarde nublada en el balcón de mi casa, mirar hacia la montaña, girar la vista hacia la ciudad, ver a la gente subir y bajar seguir el ritmo normal de sus vidas mientras vamos perdiendo cosas tan valiosas que no podremos recuperar.

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