Santo Domingo. – El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, denunció que continúa como en “sus peores tiempos”, la falta de controles migratorios reales en la frontera de República Dominicana y Haití.
Martínez, aseguró que, aunque el gobierno dominicano anunció con entusiasmo una serie de medidas y celebró encuentros diplomáticos con expresidentes y figuras del ámbito internacional, siguen ingresando haitianos al país sin regulación alguna.
Afirmó que las repatriaciones hacia Haití han disminuido considerablemente.
A través de un comunicado de prensa, el excandidato presidencial del partido opositor, manifestó que “la frontera vuelve a ser tierra de nadie, las mafias han retomado el control, y la migración ilegal haitiana sigue expandiéndose sin freno por todo el territorio nacional”.
“La apertura al diálogo fue un gesto necesario, pero el problema migratorio no se resuelve con palabras ni encuentros simbólicos. Requiere decisiones firmes, aplicación constante de la ley y vigilancia permanente. Lamentablemente, el gobierno ha vuelto a bajar la guardia, y lo que pudo haber sido un punto de inflexión ha terminado en un retroceso evidente”, declaró Martínez.
La mafia sigue
El exalcalde de Santiago informó que, a pesar de las promesas de desarticular redes de tráfico de personas, las mafias continúan operando con total impunidad en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
“Esto es una muestra clara de que el negocio sigue floreciendo, y con mayor demanda. A esto se suma la entrada constante de ciudadanos haitianos indocumentados, y otros con documentos dudosos, minando los cuatro puntos cardinales del país sin ningún tipo de control”, denunció.
Abel Martínez reveló que el descontrol migratorio no solo es un problema de soberanía, sino que también afecta directamente la economía nacional.
Recordó que se estima que más del 40% del gasto hospitalario en zonas fronterizas corresponde a ciudadanos haitianos.
Además, “el subsidio indirecto en educación, salud y servicios públicos a esos extranjeros le cuesta al pueblo cerca de RD$20 mil millones anuales, dinero que en gran parte debería invertirse en las dominicanas y dominicanos”.
“Ni hablar del impacto negativo que actualmente afecta el mercado laboral, con la informalidad creciendo, especialmente en la construcción y la agricultura. Las grandes distorsiones que todo esto genera en el mercado laboral está desplazando la mano de obra dominicana y distorsionando las condiciones laborales”, afirmó el miembro del Comité Político del PLD.
Martínez criticó que mientras los medios se llenan de titulares e imágenes de los diversos encuentros que sostiene el Gobierno para analizar el tema haitiano, el dirigente peledeista expresó que muchas de las acciones anunciadas para hacer frente a esta problemática, “como de costumbre, han quedado en promesas”.
“No se ha instalado el registro biométrico obligatorio para trabajadores extranjeros temporales, la supervisión estricta de las empresas contratistas que emplean indocumentados sigue sin aplicarse, las deportaciones masivas han disminuido en las últimas semanas, pese a que el flujo migratorio ilegal continúa; además, el muro fronterizo presenta retrasos preocupantes y sin supervisión, independientemente de su ejecución”, dijo Martínez.
Ante lo que calificó como un abandono progresivo del tema por parte del Gobierno, Martínez aseguró que es “urgente retomar con responsabilidad y decisión el control de nuestras fronteras”.
“La República Dominicana necesita más que discursos diplomáticos; necesita acción, firmeza y coherencia. El diálogo es útil, pero la soberanía no se negocia, se defiende”, afirmó.
Abel Martínez, propuso al Gobierno implementar un sistema de permisos laborales regulados, con control biométrico, solo en sectores estratégicos como agricultura y construcción, bajo la vigilancia del Ministerio de Trabajo y Migración.
Además, creación de una Unidad de Inteligencia Fronteriza que trabaje en tiempo real contra las mafias de tráfico humano, campaña nacional de inspección de negocios informales, eliminando aquellos dirigidos o sostenidos por migración ilegal.
También, crear un fondo de compensación a municipios fronterizos, para cubrir el impacto económico del descontrol migratorio en sus hospitales y servicios y una política de repatriación continua, no intermitente, que envíe un mensaje claro de respeto a la ley.