ESTADOS UNIDOS.- La defensa del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el miércoles a un juez federal de Estados Unidos desestimar el caso penal en su contra bajo el argumento de que goza de inmunidad soberana como jefe de Estado, según consta en el expediente judicial.
El abogado Barry Pollack presentó dos mociones ante el tribunal: una para cerrar toda la acusación y otra, de forma alternativa, para retirar únicamente el cargo de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo.
Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. El dictador venezolano permanece detenido en una cárcel federal de Brooklyn, Nueva York, desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses. Se declaró inocente y, si el proceso continúa, el juicio está previsto para el 1 de junio de 2027.
En la primera moción, Pollack sostuvo que el juez federal Alvin Hellerstein carece de jurisdicción para procesar a Maduro porque el dirigente debe contar con inmunidad como jefe de Estado y porque las conductas que sustentan los cargos corresponden, según su defensa, a funciones oficiales.
“El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (…). Tiene derecho a ambas”, sostuvo Pollack en el escrito.
El abogado también afirmó que el proceso constituye una violación de una protección reconocida durante siglos. “Este procesamiento sin precedentes viola la inmunidad absoluta de jurisdicción penal a la que los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales han tenido derecho durante cientos de años”, escribió.
La defensa pidió además que el caso sea desestimado “con perjuicio”, una fórmula que impediría presentar nuevamente la misma acusación.
En una segunda moción, Pollack solicitó retirar el cargo de narcoterrorismo. Según el abogado, ese cargo no solo carece de una base jurisdiccional suficiente, sino que tampoco cumple con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.
El escrito sostiene que el cargo “pretende acusar a un ciudadano extranjero” por una “conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional”. También afirma que la acusación no establece la “intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses” y que la conducta atribuida a Maduro “no está dentro de la autoridad del Congreso para regular”.
Pollack también sostuvo que Maduro fue acusado de forma falsa y que el dirigente “niega vehementemente” las acusaciones.
El argumento sobre la inmunidad soberana se presenta en un contexto particular, debido a que Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019. Estados Unidos también cuestionó la validez de las elecciones venezolanas de 2018 y 2024. Maduro, por su parte, sostiene que ambas votaciones fueron legítimas y desde hace años acusa a Washington de buscar su salida del poder para obtener control sobre los recursos petroleros venezolanos.
Pollack consideró que la posición del Gobierno estadounidense sobre la legitimidad de Maduro no resulta relevante para determinar su condición como jefe de Estado. “A diferencia de Noriega, el Poder Ejecutivo no cuestiona que el Sr. Maduro fuera jefe de Estado de Venezuela, sino que simplemente afirma que, después de 2019, no ocupó ese cargo legítimamente”, señaló.
La defensa también cuestionó la situación creada tras la captura de Maduro. Desde entonces, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dirige Venezuela y profundizó la cooperación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Pollack calificó de “incongruente” que Estados Unidos reconozca a Rodríguez, quien fue designada por Maduro, pero no reconozca a este como jefe de Estado.
Los casos penales contra jefes de Estado extranjeros ante tribunales estadounidenses son poco frecuentes. Pollack sostiene que la inmunidad constituye un principio reconocido por el derecho internacional. La Fiscalía Federal de Manhattan deberá responder a las mociones antes del 2 de octubre.
La Justicia fijó para el 17 de noviembre una audiencia para analizar los argumentos de la defensa, varios meses antes del juicio previsto para junio de 2027.
La defensa de Cilia Flores, esposa de Maduro, también pidió desestimar los cargos en su contra bajo el argumento de que comparte la inmunidad soberana de su esposo como primera dama de Venezuela. Su abogado, Mark Donnely, citó precedentes de Estados Unidos relativos a esposas de jefes de Estado, entre ellos los casos de Imelda Marcos, Rania de Jordania y Paloma Cordero de la Madrid.