Santo Domingo.- El director de la Policía Nacional, mayor general, Andrés Modesto Cruz Cruz, participó en la jornada de destrucción de 14 mil 699 armas de fuego incautadas por el Estado, una iniciativa encabezada por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) en coordinación con la empresa Metaldom, como parte de las acciones para reducir la circulación ilegal y fortalecer la seguridad ciudadana.
La actividad fue liderada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y contó además con la presencia del ministro de Defensa, teniente general del Ejército de RD, Carlos Antonio Fernández Onofre, representantes de la Procuraduría General de la República, y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de INICIA, Anyarlene Bergés, bajo la supervisión de la comisión interinstitucional para la destrucción de armas.
Durante la jornada fueron desintegradas 2 mil 268 armas de fuego, entre revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera, así como 12 mil 431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
La acción forma parte de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles, siendo esta la segunda jornada desarrollada en los últimos cuatro meses.
Las autoridades destacaron que la destrucción de esas armas contribuye directamente a la reducción de la violencia y refuerza el compromiso del Estado con la seguridad y la convivencia pacífica.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
El director de Metaldom, Fernando de La Vega, resaltó el compromiso de la empresa con iniciativas de impacto social y ambiental, destacando que la compañía procesó más de 90 mil toneladas métricas de residuos ferrosos durante el último año.
La destrucción del armamento se realizó sin costo para el Estado, mediante un proceso de compresión que convierte las armas en chatarra, en cumplimiento del acuerdo suscrito entre las entidades en 2020.
La iniciativa responde a la Resolución MIP-RR-0008-2021, que establece la regulación y destrucción de armas incautadas o entregadas voluntariamente, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y promover una cultura de paz.