Santo Domingo.- El inversionista extranjero Antonio Carbone continúa exigiendo a la Procuraduría General de la República (PGR) que cumpla con las sentencias definitivas emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que ordenan la devolución de sus bienes, valorados en más de 580 millones de dólares, que asegura, fueron despojados de manera ilícita y arbitraria.
Carbone espera que la PGR acoja en los próximos días la resolución TC-0367-21 del TC, que revocó una sentencia anterior que avalaba el despojo de sus propiedades, las cuales incluyen 1,500 bancas de apuestas deportivas y de lotería, así como 13 casinos adquiridos de forma legal tras una gran inversión.
El inversionista aseguró haber sido víctima de un entramado orquestado desde las más altas instancias del país con el propósito de despojarlo de sus bienes, pese a haber resultado ganancioso en los tribunales.
Precisó que adquirió las mil 500 bancas de apuestas deportivas y de lotería, además de 13 casinos de forma legal e hizo una gran inversión y que, espera su devolución, con la ayuda del Ministerio Público para que no se le haga daño a la inversión extranjera.
Informó que sus propiedades están valoradas en más de 580 millones de dólares y que sus empresas daban el sustento a cientos de familias dominicanas.
Carbone denunció que en su caso se han violado más de 25 artículos de la Constitución dominicana y el Código Procesal Penal, y que espera que la PGR, que hasta ahora no se ha pronunciado, cumpla con la ejecución de la sentencia TC-0367-21 del Tribunal Constitucional.
Sostuvo que lo que se fraguó en su contra violó todos los estamentos legales y se planeó desde las más altas instancias del país.
Confíó que las actuales autoridades corregirán el entuerto cometido durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
Carbone advirtió que, si la PGR no ejecuta las sentencias favorables, entonces acudirá a cortes y tribunales internacionales en contra de los implicados en el caso para que se haga justicia.
Además, afirmó que en el entramado de 127 implicados de asociación de malhechores y robo agravado solo Sergio Moya de La Cruz (El Gory), está en posesión ilegal y arbitraria de parte de sus bienes por un monto de 50 millones de dólares.