SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público puso en marcha la operación Cobra 2.0-A con el propósito de procesar al entramado de corrupción de ex empleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otras personas que se dedicaban a estafar al Estado, al defraudar a la administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Los equipos de fiscales han practicado 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez (Cotuí) y La Vega, explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público.
Camacho destacó la postura firme de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para enfrentar la corrupción y la criminalidad organizada.
Camacho adelantó que al menos 28 personas fueron arrestadas como parte del caso que inició en su primera etapa con la Operación Cobra para desmantelar una estructura de corrupción administrativa que se aprovechó del SeNaSa para sustraer fondos públicos en perjuicio de todos sus afiliados.
Explicó que en la operación trabajan los equipos de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, así como de otras unidades del Ministerio Público.
En la operación participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional, 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales.
En la investigación también participó la Dirección Nacional de Investigación (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Las unidades del Ministerio Público han ocupado bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego como parte de la operación que tiene entre sus objetivos procesar a médicos que, además de violar el Código Penal y amenazar los servicios de salud a sectores vulnerables, incluso afectaron a sus propios colegas que actúan ceñidos a la ética profesional y apegados a las leyes vigentes.
El proceso penal
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción.
También, los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
El pasado cinco de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó otra vez la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim Albainy y a los demás procesados. También, Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida en arresto domiciliario, luego de que se le variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.
El proceso judicial también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta el pasado mes de mayo.
El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar a esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Posteriormente, se procedió con su sometimiento a la justicia en el distrito judicial de Santiago. El caso fue declarado complejo y fueron enviados a prisión Lora Cruceta y su esposa Guzmán, mientras que su exesposa Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según la investigación, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos, crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.
Otro de los mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.