El PLD denuncia desorden y falta de transparencia en la administración pública en los seis años de gobierno del presidente Abinader; condena ministro Administración Pública desconozca cuantos empleados tiene el Estado

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció el desorden y la falta de transparencia en la administración pública durante los seis años de Gobierno que lleva el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader.

El PLD se refirió este lunes, a los resultados presentados por el Ministerio de Administración Pública, que afirmó, evidencian que el Gobierno perdió la capacidad de ejercer uno de los deberes fundamentales de cualquier administración, que es conocer, organizar y gestionar adecuadamente el recurso humano del Estado.

La denuncia fue hecha por la vicepresidenta de PLD, Zoraima Cuello, quien fungió de vocera.

Afirmó que el PRM reconoce que no conoce el Estado con precisión, cuántos empleados públicos tiene y que existen instituciones cuyos titulares desconocen cuántos colaboradores están bajo su responsabilidad.

Denunció que hay empleados nombrados en una provincia que laboran en otra, personal que continúa figurando en la nómina y están fuera del país y plazas que aparecen ocupadas sin que el servicio público se esté prestando.

Advirtió que cuando un Gobierno no sabe con precisión quién trabaja para el Estado, dónde trabaja, cuánto cuesta la nómina y quién ingresó por mérito, ha perdido el control de la administración pública.

El PLD expresó que la evidencia demuestra que el problema no fue la falta de sistemas, sino la ruptura de la continuidad institucional, el manejo clientelar del Estado y la incapacidad de las actuales autoridades.

Cuello recordó que, al concluir la gestión del PLD, el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) incorporó aproximadamente el 97% de los empleados del Gobierno Central, permitiendo administrar la información del personal, controlar la nómina, gestionar expedientes electrónicos y dar seguimiento a la carrera administrativa.

La vicepresidenta del PLD estuvo acompañada en el encuentro con la prensa, de los también vicepresidente, Temístocles Montás e Yván Lorenzo, quienes respondieron preguntas al igual que Carlos Manzano, secretario de Administración Pública de la organización política.

Participó, también, Celenia Vidal, de la secretaría de planificación del PLD y los subsecretarios de Administración Pública, René Jaquez, Rafael Valdez y Josu Aníbal Balbuena.

La dirigencia recordó, además, que en los gobiernos del PLD se sumaba el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), convertido en un referente regional para medir el desempeño institucional y fortalecer la transparencia en la gestión pública.

Dijo que en el 2020, el país había iniciado una profunda transformación digital mediante el programa República Digital, con el cual más de mil servicios públicos fueron puestos a disposición de la ciudadanía de manera electrónica, acercando el Estado a la gente y reduciendo tiempos y costos en cientos de trámites.

Criticaron que, a seis años de gobierno, el deterioro también puede medirse en la evolución de la carrera administrativa.

“En agosto de 2020 se contaba con aproximadamente 94 mil servidores incorporados mediante concursos públicos y hoy autoridades presentan alrededor de 60 mil; mientras disminuye el personal seleccionado por mérito, crece la nómina pública clientelar”, manifestaron.

El PLD propuso una serie de medidas, como publicar, institución por institución, la evolución de la nómina pública desde agosto de 2020, informando el número de servidores, el gasto mensual y las variaciones registradas.

Igualmente, publicar el número actualizado de servidores incorporados a la carrera administrativa y los concursos públicos realizados desde agosto de 2020, además de establecer el mérito como criterio obligatorio para el ingreso y permanencia en la función pública.

El PLD resaltó que la administración pública dominicana necesita recuperar el mérito, fortalecer sus mecanismos de control y garantizar una gestión transparente de los recursos humanos del Estado.

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