SANTO DOMINGO.- El magistrado Rigoberto Sena, quien tuvo que usar el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, aplazó para mañana miércoles, el conocimiento de medida de coerción a 26 personas arrestados a partir de la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0-A.
La audiencia del miércoles, donde el Ministerio Público solicita la imposición de medidas de coerción de 18 meses a cada implicado, se conocerá a partir de las dos de la tarde.
“El Ministerio Público ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al SeNaSa, procedimientos que no fueron realizados”, explicó la procuradora de corte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz informó que el Ministerio Público está judicializando en esta ocasión a “un articulado esquema que se organizó desde el SeNaSa con exempleados del SeNaSa y médicos que tenían códigos asignados”.
Sostuvo que el Ministerio Público está preparado para conocer mañana miércoles, la solicitud de medidas de coerción contra las 26 personas arrestadas por sustraer fondos públicos aprovechándose del SeNaSa.
Mirna Ortiz representó al Ministerio Público con el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, junto al procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
“En este día, el Ministerio Público vino listo para el conocimiento de la audiencia de la medida de coerción; sin embargo, los abogados de las defensas solicitaron plazos al tribunal para poder conocer las pruebas, las muchas pruebas que ha presentado el Ministerio Público para sostener esta medida”, indicó Mirna Ortiz.
El listado de implicados original, apresados en los allanamientos del pasado fin de semana, se han sumado otros, vía entrega, que al parecer estaban siendo mencionados o más bien no fueron encontrados en las pesquisas del Ministerio Público.
“Adicionalmente a ello se ha fusionado el proceso con una nueva persona que se integra a la lista de los 22 médicos que están siendo sometidos por este proceso y eso motivó a que el tribunal acogiera el pedimento de las defensas y aplazara la audiencia para el próximo miércoles, 23”, dijo.
Durante el proceso, la titular de la Pepca presentó al tribunal el depósito de solicitud de medida de coerción a la doctora Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades en horas de la mañana del lunes.
El Ministerio Público solicitó la declaratoria de caso complejo y que se imponga la prisión preventiva por 18 meses contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También, contra la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
Proceso penal contra el entramado de corrupción
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción.
También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraído al Estado dominicano.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador informó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.