Santo Domingo.- La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), objetó una licitación que como condiciones, exige la entrega de 70 camiones compactadores en solo cinco días calendario, al entender que ningún concesionario del mercado puede cumplir con ese requisito y otros ordinarios.
La licitación, que involucra un precio superior a los RD$750 millones es atribuida al ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García.
En una publicación de SomosPueblo.com, no se informa institución del Estado que hace la publicación de la licitación, pero al ser para recoger desperdicios sólidos, podría ser de la Liga Municipal Dominicana (LMD), el Gobierno central o el Ministerio de Interior y Policía.
Acofave expresó su preocupación y exigió una revisión inmediata antes de que el proceso avance.
El proceso de licitación está marcado con el número MAPRE-CCC-SI-2026-0001, convocado para la adquisición de los 70 camiones compactadores, a ser entregado la mitad en cinco días.
Acofave identificó una exigencia que, a su juicio, no guarda proporcionalidad con la realidad operativa del sector ni con los principios que deben regir la contratación pública dominicana.
El pliego de condiciones establece que el adjudicatario deberá disponer y entregar 70 unidades en un plazo de cinco días calendario, y las 30 unidades restantes en 30 días.
Según la asociación que agrupa a los concesionarios y fabricantes de vehículos, los camiones compactadores son bienes de alto valor, baja rotación y volúmenes de inventario reducidos por razones logísticas y financieras inherentes al mercado.
Advirtió que ningún concesionario mantiene en stock esa cantidad de vehículos.
La cláusula, tal como está redactada, podría interpretarse como un mecanismo que favorece a un oferente específico en detrimento de la pluralidad de participantes.
Acofave invocó a los principios que la normativa vigente establece como garantías mínimas de todo proceso de compra pública, igualdad de oportunidades, razonabilidad, transparencia, libre competencia y eficiencia del gasto.
Solicitó formalmente la revisión y adecuación del requisito de entrega, de manera que se ajuste a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Dijo que una competencia genuinamente abierta no solo protege a los oferentes, sino, que garantiza al Estado condiciones más competitivas y mayor valor por cada peso invertido.