Santo Domingo.- La Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca) afirmó que se ha dado un paso de avance con la aprobación de la Ley 86-26 que regula los juegos de azar en República Dominicana, pero advirtió sobre situaciones preocupantes vinculadas al Ministerio de Hacienda y Economía.
Fenabanca recordó que el 14 de mayo de 2026, mediante acta No. 01-2026, junto a los demás miembros del consejo de seguimiento, el ministro Magín Díaz firmó un documento que contenía nueve resoluciones, dentro de las cuales estaba la solicitud al Ministerio de Hacienda y Economía de revisar la Resolución 019-2023 con la finalidad de adecuarla al Decreto 197-26.
Según la organización gremial, el compromiso era emitir una resolución por parte del órgano regulador, cosa que nunca ocurrió, lo que contribuyó a seguir dejando estancado el proceso de regularización de bancas de lotería, puntos de venta o agencias y bancas de apuestas.
“¿Por qué motivo se dejó de lado la solicitud del consejo de seguimiento, a pesar de que el propio ministro apoyó la iniciativa siendo él parte de dicho Consejo?”, cuestionó Fenabanca.
La entidad que agrupa a los banqueros resaltó que lo que sí ocurrió, y que llama poderosamente la atención, fue la publicación el pasado ocho de septiembre de la Resolución Núm. 228-2026, que a su vez modifica la Resolución 159-2023.
Fenabanca afirmó resulta preocupante que a casi cinco meses de un compromiso asumido por el ministro Magín Díaz nunca hubo respuesta a lo solicitado por el consejo de seguimiento; sin embargo, en pleno conocimiento del proyecto de ley, el organismo regulador emitió una resolución que entra en serias contradicciones con la pieza legislativa llamada a poner orden en los juegos de azar.
“¿Acaso no sabían quienes elaboraron esta resolución que entraría en contradicción con el proyecto de ley que se estaba conociendo en el Congreso?”, se preguntó la entidad.
La Federación informó que la Resolución 159-2023 tenía el propósito de la homologación de los contratos de los concesionarios de Loterías Electrónicas, aclarando en su artículo cinco que se disponía de tres meses para que, de “forma voluntaria”, esas empresas renunciasen a los términos y condiciones que tengan vigentes en sus respectivos contratos.
“En qué momento estas empresas se acogieron a dicha solicitud. La respuesta es simple: eso nunca ocurrió”, aseguró.
No obstante, dijo, la Resolución 159-2023 establece en su artículo 2, literal a, cantidad de puntos de venta autorizados a operar: cuatro mil, mientras que la reciente Resolución 228-2026 sorpresivamente establece en su artículo primero, literal a, que la cantidad de puntos de venta autorizados a operar son cinco mil, un aumento equivalente a un 25% “de un plumazo”.
Fenabanca dijo que tampoco entiende cómo a través de una resolución, en este caso la 228-2026, se contempló el aumento en el pago de los impuestos.
Dijo que concretamente, la resolución establece RD$39,000.00 anuales, lo que resulta sospechoso, ya que el proyecto de ley que estaba siendo conocido en el Congreso Nacional disponía de un pago de RD$54,000.00.