Santo Domingo.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), presentó una propuesta de ley para la modificación de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Código del Menor), con la que busca aumentar las sanciones penales a menores de edad, con un máximo de 30 años de reclusión, por la comisión de hechos de gravedad.
La entidad de la sociedad civil calificó al Código del Menor de anacrónico, fuera de época y contexto, ya que contempla penas máximas de sólo 5 y hasta 8 años en casos excepcionales, resultando indiscutible y de perentoria la necesidad de castigar hechos tan graves como los que están cometiendo los menores de edad, involucrados en diversos hechos.
Consideró que esta situación delincuencial cada vez más creciente, obliga a las autoridades a crear medidas excepcionales como repuestas sociales que permitan determinar e imponer sanciones penales a menores de edad.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, precisó que la legislación internacional permite a los Estados nacionales adoptar medidas en relación con los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales.
Explicó que de acuerdo con la experiencia comparada decenas de países tienen penas a partir de los de 15 años, (a modo de ejemplo España, Chile, Costa Rica, Cuba, Etiopía, Filipinas, Jamaica, Hong Kong, Ucrania, el estado australiano de Queensland, en Arabia Saudita y otros países de Oriente Medio), e incluyendo prisión perpetua para los menores en conflicto con la ley penal.
De acuerdo con Potentini la propuesta de ley busca “darle respuesta a una realidad social que no podemos soslayar”, refiriéndose a los actos de delincuencia cometidos por menores.
“Lo que estamos planteando, de manera excepcional, ante la comisión de crímenes y delitos graves: sicariato, asesinato, robo con violencia, violación sexual, secuestro, terrorismo, y narcotráfico, exclusivamente para esas eventualidades, y menores con edades comprendidas entre 14 y menos de 18 años».
Consideró que puedan ser habilitados por una comisión multidisciplinaria, compuesta por un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, un representante del CONANI y un representante del Ministerio Público para que -previa evaluación- de lo que es la capacidad mental y psicológica de los menores, sean juzgados en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes de manera excepcional con la aplicación de penas que van de 10 a 20 años, para los autores principales, y en caso de complicidad de 5 a 20 años.