WASHINGTON.- Estados Unidos retiró este jueves las visas a más de 60 altos cargos, exfuncionarios y políticos de Colombia y Bolivia, a quienes acusa de vínculos con el narcotráfico y la corrupción.
Entre los sancionados figura Ricardo Roa Barragán, ex presidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña que llevó a la presidencia al izquierdista Gustavo Petro en 2022.
La medida, anunciada por el Departamento de Estado, forma parte de la campaña impulsada por la Administración de Donald Trump contra el crimen organizado en la región. “Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Además de Roa, la lista incluye a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en el Caribe colombiano, y al senador electo Wadith Manzur, quien no llegó a asumir el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo.
También aparece la representante a la Cámara Karen Manrique, detenida en Colombia por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La nómina se completa con los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, y el exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt.
Roa enfrenta investigaciones penales por su gestión al frente de Ecopetrol y por su desempeño como gerente de la campaña que llevó al poder a Petro. El Departamento de Estado señaló que la decisión respalda al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien venció a Petro en las últimas elecciones, “en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y legislatura”.
Colombia se sumó a la alianza Escudo de las Américas justo después de que De la Espriella asumiera el poder en agosto. No hubo reacciones inmediatas de las personas sancionadas ni del Gobierno colombiano.
En Bolivia, la restricción alcanzó a 40 ciudadanos: 15 cargos o ex cargos públicos y 25 familiares directos de estos, según precisó el Departamento de Estado. Entre los nombrados públicamente están el ex fiscal general Juan Lanchipa Ponce y el ex fiscal Armando Rojas, coordinador en La Paz.
También figuran el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, además del fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de esa ciudad, Julio César Porras Velarde. La lista incluye a Rony Suárez Milliet, investigado en el marco de las pesquisas internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Desde septiembre, Estados Unidos revocó las visas de decenas de jueces, fiscales y policías bolivianos señalados por corrupción judicial o vínculos con el narcotráfico, en una ofensiva que ya derivó en la detención de un exfiscal general del país.
Entre los demás sancionados se encuentran el ex fiscal Félix Balderas; el ex comandante policial de Tarija y ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Freddy Bismarck; la ex directora general de Migración Katherine Calderón; el director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz; el ex jefe de seguridad aeroportuaria de la FELCN en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco; el ex director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Alejandro Barboza, y los diputados Rafael López y Rolando Pacheco.
El Departamento de Estado sostuvo que “la Administración Trump respalda al gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluso dentro de sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo”.
La medida contra Bolivia se suma a la adoptada el 28 de septiembre, cuando Washington retiró la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el entonces fiscal general del país, Roger Mariaca. El Departamento de Estado lo acusó de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes, y dos días después de esa sanción fue detenido por la policía boliviana en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump convirtió la lucha contra el narcotráfico en las Américas en una de las prioridades de su política exterior. Estados Unidos es, además, el principal socio de Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de cocaína y el principal destino de las exportaciones colombianas.