La sala penal de SCJ refrenda criterio que fotocopias no son pruebas fehacientes en un juicio, pero que su contenido puede ayudar a juez a edificar su convicción

Santo Domingo.- La sala penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) refrendó el criterio de que, si bien las fotocopias no constituyen pruebas fehacientes, no menos cierto es que el contenido de las mismas puede coadyuvar al juez a edificar su convicción, si su ponderación es corroborada por otras circunstancias y elementos que hayan aflorado en el curso de un proceso.

Mediante sentencia número SCJ-SS-23-0154, de fecha 31 de enero de 2023, los jueces de la sala establecen que en materia donde existe libertad de pruebas, el juez tiene amplio poder de apreciación de las mismas y deducir consecuencias.

“Es oportuno establecer que ha sido juzgado por esta segunda sala que el juez idóneo para decidir sobre las pruebas testimoniales es aquel que pone en escena en el juicio, el principio de inmediación en torno a la misma”, expresa la sentencia sobre la valoración probatoria.

La decisión del tribunal se produce tras el conocimiento en casación de una demanda por abuso de confianza, delito endilgado contra una abogada y su progenitora, por concepto de la venta de una porción de terreno, valores recibidos y no entregados a la víctima que dio el mandato de vender el inmueble.

El artículo 408 del Código Penal puntualiza que “el perjuicio provocado con el abuso de confianza debe recaer sobre el propietario, poseedor o detentador, quien ha confiado o entregado a otro, bajo uno de los contratos estipulados, las cosas indicadas en el texto legal, y éste las sustrae al no cumplir con su obligación de devolución”.

Los jueces de la sala penal de la SCJ, Francisco Antonio Jerez Mena (presidente); Nancy I. Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez, María G. Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco, rechazaron el recurso de casación contra la sentencia penal número 216-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del departamento judicial de San Pedro de Macorís el 21 de marzo 2014, decisión que fue recurrida por las imputadas luego de ser condenadas penal y civilmente por el hecho en cuestión.