SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra 13 personas y cinco sociedades comerciales de la estructura criminal que desmanteló con la Operación Discovery 3.0, acusada de cometer estafas electrónicas, lavaba de activos con empresas y mecanismos financieros con los que recibía y movilizaba recursos sustraídos a sus víctimas.
Fueron acusados Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez (William el Técnico), Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
También, las personas jurídicas Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (INVERDOSA), JLNG Terracell, S.R.L., Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L., INVERMEG, E.I.R.L. y Qemert Pro Technology, S.R.L.
La acusación fue presentada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera; la titular de la Fiscalía de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Camacho destacó la solidez del expediente.
“Esta acusación se basta por sí misma, contiene los hechos, identifica las responsabilidades individuales, establece la ruta del dinero y presenta los elementos de prueba que permitirán al tribunal conocer cómo operaba esta estructura criminal y emitir una condena apropiada”, dijo.
Agregó que el Ministerio Público ha documentado una estructura que combinaba estafa electrónica, crimen organizado y lavado de activos, utilizando tecnología, empresas, cuentas bancarias, bienes y terceros para ocultar los beneficios obtenidos de las víctimas.
Afirmó que los acusados violaron las disposiciones del Código Penal dominicano, particularmente los artículos 265, 266 y 405, así como diversas disposiciones de la Ley número 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En el caso de Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Miguel José Rodríguez Grullón y Juan Luis Naranjo Gómez, también se atribuyen violaciones a los artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que a las personas jurídicas Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (INVERDOSA), JLNG Terracell, S.R.L., Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L., INVERMEG, E.I.R.L. y Qemert Pro Technology, S.R.L., se les atribuyen violaciones a disposiciones de la Ley núm. 155-17, la Ley núm. 11-92 sobre Régimen Tributario y la Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera.
La organización criminal operaba desde República Dominicana, principalmente en la zona norte del país, y mantenía conexiones con diferentes ciudades de Estados Unidos, a través de centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares de las víctimas, especialmente personas de edad avanzada.
El proceso de investigación contó con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos y con el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
El expediente señala que, una vez obtenido el dinero mediante las estafas, los recursos eran trasladados y transferidos hacia República Dominicana utilizando transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros, para, posteriormente, introducirlos al sistema económico mediante empresas, bienes inmuebles, vehículos y otras operaciones destinadas a ocultar su origen.
La acusación describe cuatro etapas del esquema criminal: captación de víctimas; fraude y suplantación; movilización del dinero y lavado de activos.
El órgano acusador recordó que, en el proceso, fueron extraditados a los Estados Unidos los principales líderes de la estructura, Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes actualmente enfrentan un proceso judicial ante un tribunal de Boston, Massachusetts.
La Operación Discovery 3.0 formó parte de la estrategia del combate contra las estructuras que utilizan a República Dominicana como plataforma para ejecutar estafas transnacionales y posteriormente lavar los recursos obtenidos.
La investigación financiera determinó la existencia de movimientos económicos y operaciones transaccionales por montos millonarios, entre los miembros de la estructura, tanto de personas físicas como jurídicas, que evidenciaron un incremento patrimonial significativo durante el período investigado 2022-2023.
Durante las pesquisas se identificó transacciones que oscilan entre los RD$12 millones y más de RD$120 millones, así como registros financieros superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias que excedieron los RD$20 millones en menos de un año.
Esos montos, de acuerdo con la investigación, no guardan consonancia con las actividades económicas ni con las fuentes lícitas de ingresos declaradas por los acusados, revelando una capacidad financiera que, razonablemente, no pueden justificar.