SANTO DOMINGO.- Será el próximo martes, a partir de las 2:00 de la tarde, cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la imposición de medidas de coerción contra los siete detenidos en la operación Camaleón, acusados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.
El conocimiento de medidas de coerción fue aplazada el sábado, para que la barra de la defensa pueda conocer la oferta probatoria del Ministerio Público y preparar sus presupuestos de defensa.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informó que el Ministerio Público espera que el tribunal le otorgue el máximo de prisión preventiva, como medida de coerción a los imputados.
En el expediente presentados por ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; exdirector de tecnología del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant y Carlos José Peguero Vargas.
“La prisión preventiva está vinculada al máximo que otorga el Código Procesal Penal, y nosotros esperamos que el tribunal nos otorgue el máximo”, manifestó Camacho, luego de que la audiencia fuera aplazada.
Destacó que la solicitud presentada incluye 245 medios de prueba, una cantidad que considera más que suficiente para respaldar cada una de las afirmaciones del órgano acusador.
“Se trata de un proceso con delitos graves, en el cual están incluidos la estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos y el sabotaje a la red semafórica del gran Santo Domingo”, añadió Camacho.
Informó que continúan las diligencias investigativas, lo que podría derivar en la incorporación de nuevos imputados y en la presentación de nuevas imputaciones vinculadas al esquema de sobornos.
El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo, dado el volumen de pruebas y la gravedad de las imputaciones contra los siete imputados, por el momento.
Durante la operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
En los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, por lo que el órgano persecutor ha calificado la operación Camaleón como una de las “más exitosas” contra el crimen organizado.
El Ministerio Público presentó, entre otras pruebas, un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del gran Santo Domingo y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
También se presentó evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica en agosto, todos ellos elementos claves del proceso.