Santo Domingo.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, convocó a la comunidad jurídica del país a concentrarse el próximo lunes 27 de julio, a las 10:30 de la mañana, frente a la sede del Tribunal Constitucional, en la Plaza de la Bandera, para respaldar el depósito de una acción directa de inconstitucionalidad contra una de las disposiciones del recientemente aprobado Código Penal, al considerar que representa una seria amenaza para el ejercicio libre e independiente de la abogacía.
Vidal Potentini afirmó que la principal preocupación del gremio se centra en la nueva redacción del artículo 310, relativo al denominado “ultraje en el ámbito jurisdiccional”, el cual, a su juicio, introduce conceptos ambiguos y excesivamente amplios que podrían traducirse en la persecución penal de abogados durante el ejercicio legítimo de la defensa técnica de sus clientes.
Dijo que el artículo como puede apreciarse en la siguiente cita textual sin dudas, plantea un escenario de miedo y terror en los foros judiciales, por demás incompatibles con la naturaleza propia de los litigios y las responsabilidades derivadas del ejercicio profesional del derecho.
“Artículo 310.- Ultraje en el ámbito jurisdiccional. Constituye ultraje en el ámbito jurisdiccional el hecho de pronunciar expresiones ofensivas, intimidatorias o amenazantes, enviar escritos, mensajes, imágenes u objetos o realizar gestos o actos de igual naturaleza, dirigidos contra un juez, secretario judicial, representante del Ministerio Público, alguacil, intérprete o perito judicial, con ocasión o en razón del ejercicio de las funciones propias de su intervención en el proceso judicial, cuando tales actuaciones sean idóneas para menoscabar gravemente la dignidad de la función de impartir justicia o perturbar el normal desenvolvimiento del proceso. El ultraje en el ámbito jurisdiccional será sancionado con quince días a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público.»
El presidente del CARD sostuvo que la nueva tipificación penal constituye una reconfiguración de una de las disposiciones más cuestionadas durante el proceso legislativo y advirtió que, lejos de corregir sus deficiencias, el texto finalmente aprobado amplía el margen para interpretar como conducta delictiva actuaciones propias del litigio judicial.
“Se estaría criminalizando una de las garantías esenciales del derecho de defensa, que constituye uno de los pilares fundamentales del ejercicio profesional del abogado”, expresó.