Aplazan conocimiento de audiencia medida de corrección para próximo viernes, al fiscal Aurelio Valdez Alcántara acusado de recibir US$10 mil de soborno; enfrenta de lleno a su exjefe, Wilson Camacho
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis B. Muñiz Almonte, aplazó el conocimiento de la audiencia de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara para el próximo viernes, diez de abril, a las 9:00 de la mañana.
El fiscal Valdez Alcántara está acusado de recibir US$10 mil de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa), por lo que se le está conociendo medidas de coerción.
Este martes, al salir de la audiencia, el procurador adjunto, Wilson Camacho, quien fuera su jefe, aseguró que cualquier acto de corrupción del que el Ministerio Público tenga evidencias terminará en los tribunales, tras enfatizar que si ese mal se da en el sistema de justicia afecta la seguridad jurídica.
“La corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas de corrupción que pueden existir, y es así, porque eso además de afectar la seguridad jurídica, cuando hay corrupción en el sistema de justicia esto hace que el derecho sea soluble en dinero”, dijo.
Muñiz Almonte, conoce la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra Valdez Alcántara, imputado de procurar soborno tras recibir, en una entrega controlada y autorizada, US$10,000 de una persona bajo investigación.
“Por eso, la actitud que ha asumido la señora procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la que tenemos desde la Dirección de Persecución del Ministerio Público, es la de que no ocultaremos, no taparemos y no toleraremos ningún acto de corrupción”, advirtió.
Sobre el caso, Camacho explicó que se trata de una investigación abierta y que el curso de la misma se irá dando a conocer en la medida de que se judicialice.
“Hay que tomar en cuenta que lo que se realizó en este caso fue una entrega controlada que fue autorizada por una decisión de un tribunal”, dijo.
Recordó que fue el propio Ministerio Público que la organizó como parte de su investigación penal, “para atrapar a una persona que estaba teniendo una conducta contraria a la ley”.
“Esta es una investigación abierta y nosotros vamos a procurar obtener evidencia de cualquier solicitud o entrega de sobornos que se haya hecho en este proceso. Vamos a seguir trabajando; ahora vamos a conocer la medida de coerción y la investigación va a continuar hasta que presentemos la acusación y, como siempre, en la acusación presentaremos todos los elementos de prueba que recabemos en la investigación”, prometió.
Con relación a la imputación del Ministerio Público contra el fiscal, dijo que este caso es de soborno.
“Conforme a la propia teoría del caso, la entrega vigilada que ejecutamos en este caso, se trataba de un proceso en el que se solicitaba soborno para cambiar el curso de los procesos de investigación que estaban en manos del imputado y que fue arrestado como consecuencia de la realización de esta investigación”, detalló Camacho.
Explicó que una investigación cuya inteligencia fue hecha dentro del Ministerio Público y la ejecución fue hecha dentro del Ministerio Público para cortar una inconducta que estaba sucediendo a lo interno del Ministerio Público.
El procurador adjunto Wilson Camacho puso de manifiesto su oposición a un nuevo aplazamiento y solicitó al tribunal rechazar el pedimento de los abogados defensores.
“Han tenido tiempo suficiente para llevar a cabo sus diligencias, pero no lo hicieron para venir hoy a pedir aplazamiento y retrasar el proceso”, expresó.
Junto al director general de Persecución del Ministerio Público estuvo la procuradora de corte Carmen Alardo.
El proceso
La investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien garantizó a toda la población, una vez más, que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución.
La procuradora Reynoso calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles.
“Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije, el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quien lo haga”, recordó.