Aplazan para el lunes conocimiento medida de coerción contra imputados del caso Coral 5G, Ministerio Público presenta 94 testimonios contra grupo
SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados del Caso Coral 5G, las cuales afirmó, son suficientes para imponer la prisión preventiva solicitada en contra de los encartados.
El Ministerio Público concluyó la del viernes con la presentación de su solicitud de medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó los méritos de las evidencias.
“Nosotros hemos presentado, por ejemplo, al tribunal 94 testimonios, que es una suma de testimonios mucho más que suficiente para el conocimiento de una medida de coerción y esos testimonios dan referencia de cómo funcionaba este entramado que sustraía dinero del erario”, manifestó.
El cuerpo de fiscales solicitó al tribunal imponer la prisión preventiva a los implicados y domiciliaria en el caso de una de las imputadas por la actitud que asumió, incluso, al admitir los hechos delictivos.
El titular de la Pepca destacó que la admisión de los hechos por parte de esa persona muestra, una vez más, la contundencia de las imputaciones del Ministerio Público.
En ese caso, dijo esperar que se imponga arresto domiciliario, mientras para el resto la prisión preventiva.
“No hay forma de que con esas evidencias y el resto de evidencias documentales que nosotros hemos presentado, el tribunal no imponga la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público”, recalcó.
El representante del órgano persecutor destacó la legalidad de las pruebas, al responder preguntas de la prensa sobre alegatos de la defensa, cuando salía de la sala de audiencias.
“No ha habido una sola audiencia en la que nosotros hemos participado que se haya, por ejemplo, excluido, dejado de valorar ninguna evidencia y eso no ha sucedido, ni va a suceder porque el Ministerio Público recolecta su evidencia y la ofrece conforme lo que establece la norma procesal penal. Lo que pasa es que la defensa algo tiene que decir y ante la contundencia de las evidencias que tiene el Ministerio Público y ante la abundancia de las evidencias que ha presentado el Ministerio Público, tienen que decir ese tipo de cosas, que a todas luces son falacias”, subrayó.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras concluir con el programa de la audiencia, dispuso su aplazamiento para el próximo lunes 13 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana.
En el proceso, el Ministerio Público ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.
Junto a la solicitud de medida de coerción, el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primera teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Después que el Ministerio Público concluyó, expusieron las defensas de los encartados Torres Robiou, Guzmán Alcántara, Rodríguez Jiménez, Ramos Ovalle y Ortega Polanco.
En el caso del general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación a la jueza Romero.
El auto de solicitud de coerción incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.