Aplazan para próximo miércoles, conocimiento medida coerción para siete apresados en operación Iguana en Jimaní, provincia Independencia; solicitan presión preventiva y que el caso sea declarado complejo

INDEPENDENCIA.- El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, aplazó para el próximo miércoles 23 de marzo, a las 9:00 de la mañana, el pedido de imposición de medidas de coerción para los siete detenidos en la operación Iguana, acusados de traficar con personas por la frontera domínico-haitiana por Jimaní.

El magistrado Terrero Pérez, acogió una petición de las defensas de los encartados, quienes pidieron más tiempo para analizar el expediente y preparar los presupuestos.

 El Ministerio Público ya había solicitado al tribunal prisión preventiva en contra de un funcionario local y un inspector de la Dirección General de Migración, así como contra otras cinco personas involucradas en el tráfico de inmigrantes, arrestadas el pasado miércoles como parte de la operación Iguana.

El proceso continuará el próximo miércoles, contra Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración, y el inspector, Johan Rosario Castillo, así como de  Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y  Juan Mateo Feliciano (Yefo).

La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Procuraduría Regional de Barahona, solicitan, además, que el caso sea declarado de tramitación compleja.

La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, puso en marcha el pasado miércoles la operación Iguana, con la ejecución simultánea de nueve allanamientos practicados en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.

Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros, Fab 92.

El desmantelamiento de la red se llevó a cabo en el marco de la investigación del caso La Placa, por el que el ocho de diciembre del pasado año,  fue arrestado Novas Reyes, quien transportaba de manera ilegal, a bordo de una motocicleta, a una cubana con su hija de siete años.

La PETT y la Pepca, apoyadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, iniciaron una investigación contra la estructura criminal, dirigida por los imputados Roberto Méndez Pérez y/o Robert Méndez y Johan Rosario Castillo, quienes aprovechándose de sus condiciones de coordinador e inspector del puesto fronterizo de Migración en Jimaní, provincia Independencia, coordinaron crímenes graves.

Ambos ejecutaron las acciones en coautoría con el servidor público Nova Reyes y Vólquez Guzmán, Medina Díaz, Dominga Guzmán y Mateo Feliciano, en perjuicio de la integridad personal y libertad de ciudadanos extranjeros, la seguridad del Estado dominicano y la buena administración pública.

Según consta en la solicitud de medida de coerción, además del tráfico de personas y la recepción de sobornos, la cabeza de esta estructura criminal, Méndez Pérez, distrajo el dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado, en ocasión del arresto de personas por la comisión del ilícito de tráfico de personas.

De igual modo, distrajo para su provecho personal, las multas que cobró en el puesto de chequeo fronterizo de Jimaní.

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