Aprovechando distracción por luto y dolor por muertes del Jet Set, Tribunal de La Vega declare extinción acción penal contra Micky López; MP recurrirá decisión
LA VEGA.- El Primer Tribunal Colegiado de La Vega, aprovechó el dolor y el sentimiento del pueblo por la tragedia de la discoteca Jet Set, para declarar la extinción de la acción penal en el proceso seguido contra Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado de encabezar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Sin embargo, el Ministerio Público informó este jueves que recurrirá la decisión para revocar la decisión del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, y llevar el caso hasta las últimas consencuencias.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, informó que el equipo del Ministerio Público solo espera la motivación del tribunal, integrado por las juezas Lucrecia Rodríguez, Julissa Candelario y Carmen Miledys Sánchez para proceder con los recursos legales correspondientes.
Desde el pasado martes, la población solo ha estado enfocada en la tragedia de la discoteca Jet Set, donde murió más de 220 personas y casi 200 resultaron heridas.
“El miércoles fue la decisión del tribunal, que respondió a un incidente planteado por la defensa y procedió a acoger la extinción. El Ministerio Público ya ha decidido que va a recurrir la decisión del tribunal como lo ha tenido que hacer prácticamente en todas las decisiones que se han evacuado en el curso de este proceso, tanto de la investigación como en la etapa preliminar”, dijo el Ministerio Público.
Aclaró que la única decisión que el Ministerio Público no tuvo que apelar fue la que dictó el auto de apertura a juicio.
“Todas las decisiones, donde más de cuatro jueces en ese proceso se inhibieron y otro juez en otra etapa extinguió la acción penal, todas, nosotros tuvimos que recurrir y la corte tuvo a bien acoger nuestros recursos. Esto no se termina hasta que se termina. Los jueces son dueños de sentencias y el Ministerio Público es dueño de recursos, y es lo que nosotros vamos a hacer”, advirtió la representante del Ministerio Público.
Con relación al tiempo del proceso, que dijo inició en el año 2020, la fiscal García Martínez recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos establece “que no solamente se debe contar plazos por días, sino, que se deben tomar las circunstancias particulares de cada caso, el comportamiento del tribunal, las circunstancias objetivas del proceso y la complejidad del mismo; este es un caso que está declarado complejo, incluso todos esos detalles deben de tomarse en cuenta”.
Resaltó que respecto a ese tema, República Dominicana ya tiene una jurisprudencia muy utilizada, surgida a partir del Caso Odebrecht.
“Debe de tomarse en cuenta las circunstancias particulares del caso, la complejidad, el comportamiento del tribunal, entre otros detalles. Nosotros vamos a analizar todos esos detalles y vamos a generar nuestro recurso”, enfatizó.
La fiscal García Martínez detalló que, en el proceso, junto a su equipo de trabajo, fue necesario solicitar una declinatoria por sospecha legítima.
“Como equipo, vimos que se dieron tantas irregularidades que en un momento entendimos que en la demarcación, en el territorio que es nuestra responsabilidad, no estaban dadas las condiciones para conocer un proceso a esa persona”, consideró la fiscal, en referencia a Micky López, el esposo de la exdiputada Rosa Pilarte, sentenciada por lavado de activos y otros delitos.
Recordó que cuatro jueces se inhibieron.
“Uno estableció que tenían vínculos de amistad, básicamente esa era la razón de las inhibiciones”, declaró.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega establecieron en el proceso judicial que la red criminal que encabezaba Micky López se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
Los integrantes de la red son acusados de sacar, a través de la estructura que conformaron, movilizar en el sistema financiero más de RD$8 mil millones provenientes de actividades ilícitas.
“Estos blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. La red, también, servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales”, aseguró la fiscalía de la provincia La Vega.