La entrada en vigencia inmediata del nuevo Código Procesal Penal ha puesto en evidencia una preocupante falta de planificación en el sistema de justicia dominicano. La ausencia de un período de «vacatio legis» no solo tomó por sorpresa a jueces, fiscales y abogados, sino que provocó un escenario de desorden que hoy se traduce en audiencias suspendidas, confusión procesal y malestar generalizado en los tribunales.
No es exagerado hablar de caos. En las salas de audiencia del país ya se escuchan expresiones de frustración que reflejan el sentir de muchos operadores del sistema. Un abogado, visiblemente molesto, llegó a decir que el nuevo código “agarró a todos con los pantalones abajo”, una frase coloquial, pero reveladora del nivel de improvisación con que se ha manejado un cambio de esta magnitud.
Uno de los aspectos más trascendentes del nuevo código es la eliminación de la facultad de las cortes de apelación para devolver los casos a los tribunales de primera instancia. A partir de ahora, los tribunales de alzada están obligados a conocer el fondo del proceso y a decidir. El objetivo parece claro: evitar el ir y venir interminable de expedientes que durante años dilató la justicia y desesperó a las partes. Sin embargo, una reforma de esta naturaleza exige preparación, capacitación y tiempo, tres elementos que brillaron por su ausencia.
La realidad pudo observarse en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde su presidenta, la magistrada Josefina Pujols, asumió un rol pedagógico poco común en un tribunal de segundo grado. Con paciencia, explicó a abogados, a los privados de libertad, a las víctimas y sus familiares que el nuevo Código había sido promulgado apenas el domingo anterior y que entraba en vigencia de inmediato, sin margen alguno para la adaptación.
Resultó preocupante comprobar que muchos profesionales del derecho siguen formulando peticiones ya eliminadas por la nueva normativa, desconociendo que el nuevo código redistribuye competencias y obliga a la corte a asumir decisiones que antes devolvía a primera instancia. No se trata de ignorancia individual, sino de una falla sistémica: nadie puede aplicar correctamente una ley que no ha tenido tiempo razonable para estudiar.
Durante una de esas explicaciones, un juez precisó algo esencial: el Congreso no hizo una modificación, aprobó un nuevo código. Y es precisamente ahí donde surge la pregunta obligada: ¿por qué no se otorgó un período de «vacatio legis», como ocurrió con el Código Penal? ¿Por qué se sometió al sistema judicial a una transición abrupta, sin preparación previa?
La implementación del nuevo Código Procesal Penal representa un reto enorme para jueces, fiscales, defensores y todo el personal de justicia. Exigir resultados inmediatos, sin ofrecer las condiciones necesarias, es una forma sutil de empujar al error y al colapso operativo.
En medio de este panorama, merece destacarse la actitud de la magistrada Doris Josefina Pujols Ortiz, cuyo trato humano con los privados de libertad y con los familiares de las víctimas refleja una vocación de servicio que dignifica la función judicial. Su capacidad, firmeza y sensibilidad explican por qué su nombre figura entre las aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Superior Electoral.
Las reformas legales son necesarias, pero cuando se ejecutan sin planificación ni respeto por los tiempos institucionales, terminan debilitando aquello que pretenden fortalecer. La justicia no puede construirse desde la improvisación.