Cámara Civil y Comercial DN, rechaza demanda en suspensión ejecución de sentencia interpuesta por DGII contra decisión TC ordena pago más RD$428 millones al abogado Ramón Emilio

Santo Domingo.- El juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Jorge Luis Reyes Lara,  rechazó la demanda en suspensión de ejecución de sentencia y de liquidación de astriente (sanción económica) de  100 mil pesos diarios por cada día que deje en cumplir, interpuesta por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), decisión que ya se convirtió, en la cosa irrevocablemente  juzgada.

A la fecha, la DGII deberá pagar más RD$428 millones a favor del ex precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Emilio Concepción.

Ante el rechazo de la demanda del juez,   la DGII no le quedará otro camino que cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional, pagar el astriente y ordenar la transferencia de varios inmuebles que están exentos del pago de los impuestos en favor del abogado y político Concepción, quien  lo obtuvo mediante contrato de cuota litis.

Concepción dijo que la DGII está corriendo el riesgo de ser sometida ante los tribunales por desacato y abuso de poder, situación que afecta la imagen del Gobierno central.

Pidió a la DGII que haga honor a la palabra del presidente Luis Abinader, de que el Gobierno es respetuoso de las leyes.

Dijo que no le quedará otro camino a la DGII que cumplir con la sentencia del TC.

El magistrado Reyes Lara, mediante la ordenanza civil número 504-2021-SORD-0085, emitida el pasado 27 de enero del 2021, condenó, además, a la DGII al pago de las costas procesales en favor y provecho de los abogados, licenciados Ángel Mendoza, Paúl Concepción y Jorge Ernesto de Jesús.

En la demanda, la DGII estuvo representada por la licenciada Yorlin L. Vásquez Castro, quien tiene como abogados apoderados a Sandy A. Gómez Cruz, Gladys Cabrera y Davilania  Quezada Arias, quienes interpusieron la demanda en contra de una decisión del más alto tribunal de la República, que ya adquirió la cosa irrevocablemente juzgada,  por ante un juez de primera instancia. 

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