Santiago.-La Cámara de Comercio y Producción de Santiago alertó a las autoridades monetarias sobre el vencimiento de las facilidades crediticias que se otorgaron en condiciones blandas en el año 2020, ante el surgimiento de la pandemia.
Recordó que el Banco Central liberó parte del encaje legal del sistema bancario para reactivar las actividades productivas ante el cierre o disminución de la economía, provocado por el SARS-COV2.
Aseguró que la medida motorizó la producción y el empleo al facilitarse créditos a tasa de 8% por 3 años. Indica la entidad empresarial que el otorgamiento de estas facilidades fue determinante para mitigar el estancamiento de muchos sectores.
Estas condiciones de interés al 8% están próximas a terminar y renegociar estos créditos a las tasas de interés actuales constituirá un duro golpe al aparato productivo nacional, por lo que, “exhortamos a las autoridades monetarias a considerar la extensión de estas facilidades en términos blandos, o en el peor de los casos, a que se haga un desmonte gradual de las mismas”, entiende la institución.
Agregó que un aumento en el costo de los intereses, sumado a la disminución en el crecimiento de la economía, puede provocar situaciones complejas a muchas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas.
Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, indicó que, “constituiría un freno a la economía si el costo de estos préstamos es duplicado a empresas y personas”.
Resaltó que “muchos de estos fondos fueron invertidos en proyectos de construcción, si vemos que este sector que apenas creció un 0.6% en el último trimestre del año 2022, estaríamos paralizando aún más uno de los sectores de mayor incidencia en el producto interno bruto”.
La nota enviada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago reiteró la necesidad de prorrogar estas facilidades o hacer un desmonte gradual.
De igual forma, sugirió, además, flexibilizar la política monetaria restrictiva vigente, orientando nuevos recursos o liberando parte del encaje legal para los sectores productivos como la agropecuaria y la construcción, que son altos generadores de puestos de empleo.